Aeropuerto de Heathrow, en Londres.
El Brexit tensiona las relaciones con Reino Unido tras la expulsión de una ciudadana española
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que ha pedido explicaciones y confía en que sea un «hecho puntual»
La expulsión de Reino Unido de una ciudadana española, el pasado 26 de diciembre, ha vuelto a reabrir las dudas y tensiones por el Brexit. María, 34 años, (nombre ficticio, porque no quiso revelar su verdadera identidad) fue detenida en el aeropuerto londinense de Luton cuando volvía de pasar unos días con su familia en Málaga, según denunció al medio británico The Guardian.
«Volví a España porque mi hermana tenía una niña pequeña, y literalmente cuatro días después en el aeropuerto de Luton me llevaron a la sala de detención, cogieron mis cosas y mi teléfono y me dijeron que esperara allí. Me dejaron allí toda la noche y luego me metieron en un avión de vuelta», explicó la joven, en declaraciones al medio británico.
La expulsión de Reino Unido ha dejado a María en estado de shock y es que no entiende la decisión cuando tenía los papeles que acreditaban que, efectivamente, trabajaba y residía en el país. La mujer había presentado previamente una solicitud para el programa de asentamiento en el Reino Unido, conocido como EU Settlement Scheme (EUSS), dirigido a ciudadanos de la Unión Europea que residían en el país antes del 31 de diciembre de 2020, y que se puso en marcha antes de que se consolidara el Brexit.
Una medida que buscaba garantizar que los ciudadanos comunitarios que residían en Reino Unido antes de 2020 no perdieran sus derechos de residencia, trabajo y acceso a servicios públicos. Aunque, como cuenta la propia María, su aplicación inicial fue rechazada en junio por falta de pruebas, posteriormente recurrió la decisión y estaba a la espera de una revisión administrativa cuando fue expulsada. Al encontrarse en un limbo jurídico, la española contaba con un documento del Ministerio del Interior británico que le permitía trabajar, mientras su caso se revisaba.
Sin embargo, a su llegada al aeropuerto londinense, los funcionarios de fronteras no aceptaron la documentación, a la que sí habían dado el visto bueno en el mes de agosto. «Me dijo que estaba 'perdiendo el tiempo' y que 'no era cierto' que pudiera trabajar», explica María. «Se suponía que iba a volver al trabajo, pero ahora mi vida ha desaparecido. Todas mis cosas están en Reino Unido: mi perro, mi coche. Estaba haciendo un curso de enfermería veterinaria, que era mi sueño. Si intento volver será aún peor», ha lamentado.
El caso ha llegado hasta el Ministerio de Asuntos Exteriores y su titular, José Manuel Albares, ha pedido explicaciones a Reino Unido por la expulsión de la ciudadana española. El ministro ha confiado en que se trate de un «hecho puntual». Albares aseguró que nada más tener conocimiento de los hechos dio «instrucciones a la Dirección General de Consulares para que entre en contacto con las autoridades británicas».
«Estoy en estos momentos solicitando explicaciones de qué es lo que ha podido ocurrir», explicó Albares este lunes, trasladando a la afectada y a todos los españoles residentes en Reino Unido que «pueden contar» con el Ministerio de Exteriores y con él «para su defensa y para la aplicación estricta de los acuerdos entre Reino Unido y la Unión Europea», tras el Brexit. «Quiero pensar que se trata de un hecho puntual y digamos de un error», añadió, recalcando que en cualquier caso en Exteriores están «encima» de lo ocurrido.
Por su parte, un portavoz del Ministerio del Interior británico ha indicado que «la prioridad número uno del Cuerpo de Fronteras», que fue el que detuvo y expulsó a la española, es mantener la seguridad de las fronteras británicas. «Nunca haremos concesiones en este sentido», ha recalcado, explicando que sus agentes «pueden detener a cualquier pasajero que llegue para realizar un examen más detallado si no están convencidos en primera instancia de que cumple los requisitos de entrada» en Reino Unido tras el Brexit.
«Esta decisión se toma basándose en la información que proporciona el pasajero, no en su nacionalidad», ha puntualizado el portavoz, para dejar claro que no hay ninguna otra circunstancia para justificar la medida adoptada más allá de lo aportado por la ciudadana española.
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