Daniel Noboa reestructura el Estado: reduce ministerios, elimina secretarías y cesa a 5.000 funcionarios

En una decisión de gran calado institucional, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este jueves una profunda reestructuración del aparato estatal que contempla la reducción de 20 a 14 ministerios, la eliminación de seis secretarías y la desvinculación de 5.000 empleados públicos. Así lo confirmó la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, quien aseguró que estas medidas buscan fortalecer la eficiencia del Estado y mejorar la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía.

El proceso de reordenamiento administrativo, según explicó Jaramillo, no obedece a criterios políticos sino a un análisis técnico realizado por cada entidad pública. «Nos encontramos ante una transformación necesaria para alcanzar un Estado moderno, funcional y centrado en el ciudadano. Las desvinculaciones responden a parámetros de eficiencia y no afectan a personal esencial como médicos, enfermeras, docentes, militares, policías ni personas de grupos vulnerables», puntualizó.

Entre las modificaciones más relevantes destaca la integración del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda con el de Transporte y Obras Públicas, así como la incorporación de Cultura, Deporte y la Secretaría de Educación Superior al Ministerio de Educación. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos se integrará al Ministerio de Gobierno, mientras que el de Ambiente pasará a formar parte de Energía y Minas. También se fusionarán Turismo con Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca; y el Viceministerio de Acuacultura y Pesca se trasladará al Ministerio de Agricultura y Ganadería.

En el ámbito de la seguridad, el Ejecutivo ha dispuesto que dos organismos clave —el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y el ECU-911— dejen de depender directamente de la Presidencia y pasen a rendir cuentas al Ministerio del Interior, lo que pretende optimizar la coordinación en áreas sensibles como el sistema penitenciario y la atención a emergencias.

Según Jaramillo, esta reducción representa un descenso del 41 % en el número de carteras ministeriales, y se complementará en las próximas semanas con un rediseño estructural más detallado, que podría incluir la creación de viceministerios o nuevas unidades técnicas en sustitución de algunos ministerios fusionados.

Respecto a los 5.000 funcionarios que dejarán sus cargos, la portavoz aclaró que estas desvinculaciones no están directamente vinculadas a la fusión de carteras, sino que obedecen a una revisión más amplia del rendimiento institucional. «Se ha identificado a servidores que, lejos de aportar, entorpecen los procesos internos o reproducen prácticas obstruccionistas. No podemos seguir tolerando actitudes como la del clásico ‘no hay sistema’ cuando el ciudadano acude en busca de soluciones», declaró.

Asimismo, Jaramillo denunció que entre los cesados existen individuos relacionados con redes de corrupción. «En varias instituciones estatales se han identificado estructuras mafiosas enquistadas que deben ser desmanteladas con urgencia. Erradicarlas es una prioridad del Gobierno», afirmó, sin dar mayores detalles sobre los mecanismos utilizados para detectar estas redes.

La funcionaria garantizó que todo el proceso de despido se realizará conforme a lo estipulado por la legislación laboral y la Constitución, incluyendo el pago de las indemnizaciones correspondientes, para lo cual ya se han asignado recursos específicos.

En el marco de esta reforma estructural, el Ejecutivo contempla la apertura de nuevos cargos orientados a jóvenes interesados en ingresar al servicio público, aunque en un número considerablemente menor al de los despedidos. El objetivo es renovar el talento humano del Estado, incorporando perfiles con vocación de servicio y compromiso con la transformación institucional.

Estas medidas se enmarcan dentro del compromiso del Gobierno de Noboa con la reducción del déficit fiscal y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo suscrito en 2024 con el Fondo Monetario Internacional, por un monto de 5.000 millones de dólares. Esta es, hasta la fecha, la intervención más amplia y ambiciosa impulsada por Daniel Noboa desde que asumió la Presidencia en noviembre de 2023. Su administración apuesta por una reconfiguración del aparato estatal como plataforma para enfrentar los desafíos económicos y de gobernabilidad que atraviesa el país.