Rubio califica como una «caza de brujas» la condena a Bolsonaro y Brasil dice que «no se intimidará» ante las amenazas de EE.UU.

El Tribunal Supremo de Brasil ha condenado este jueves al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión por su papel en una compleja conspiración contra el Estado democrático de derecho. Se le acusado de ser el responsable como líder de una organización criminal que quería dar un golpe de Estado y frenar la llegada al poder de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este jueves que su país responderá a la condena contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por intentar revertir el orden democrático, un fallo que calificó de «caza de brujas».

«Continúa la persecución política liderada por Alexandre de Moraes, sancionado por violar los derechos humanos, luego de que él y otros miembros de la Corte Suprema de Brasil decidieron injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro», denunció Rubio tras conocerse la condena. «Estados Unidos responderá en consecuencia a esta caza de brujas», agregó sin ofrecer más detalles.

Justo antes, desde Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su «sorpresa» por la decisión de la Corte y defendió públicamente a Bolsonaro, a quien calificó como «un buen hombre» y «un líder que hizo un gran trabajo por su país». El mandatario republicano comparó la situación judicial del brasileño con sus propios procesos, recordando la acusación en su contra por presuntamente instigar el asalto al Capitolio en 2021, una causa que fue desestimada tras su retorno al poder.

Brasil dice que «no se intimidará»

El Gobierno de Brasil afirmó este jueves que no se «intimidará» por las «amenazas» vertidas por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a raíz de la condena al expresidente brasileño Jair Bolsonaro a 27 años de cárcel por golpe de Estado.

«Amenazas como la realizada hoy por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en una declaración que ataca la autoridad brasileña e ignora los hechos y las pruebas contundentes que constan en el expediente, no intimidarán a nuestra democracia», afirmó en una nota el Ministerio de Exteriores de Brasil.

El Ministerio de Exteriores de Brasil recalcó que el Poder Judicial llevó a cabo el proceso «con la independencia que le asegura la Constitución de 1988» y resaltó que los acusados «tuvieron amplio derecho de defensa». «Las instituciones democráticas brasileñas dieron su respuesta al golpismo», aseveró el comunicado, que recalcó que Brasil defenderá su soberanía «de ataques y tentativas de injerencia, vengan de donde vengan».

La Fiscalía General había sostenido que el plan comenzó a gestarse en junio de 2021, cuando Lula empezaba a crecer en los sondeos. Desde ese momento, Bolsonaro inició una intensa campaña de descrédito contra las instituciones y el sistema electoral, debilitando la confianza pública en la democracia brasileña. La acusación subrayó que la ofensiva no se limitó a un discurso político polarizador, sino que derivó en acciones directas con la intención de impedir la alternancia en el poder.