California demanda al Gobierno de Trump por reactivar oleoductos sin control ambiental

El estado de California ha abierto un nuevo frente judicial contra la Administración del presidente Donald Trump al presentar una demanda para frenar la reanudación de dos oleoductos paralizados desde hace años por motivos medioambientales.

La querella, interpuesta este lunes, impugna la orden firmada por el secretario de Energía, Chris Wright, que autoriza a la compañía Sable Offshore Corp. a reactivar los conductos CA-324 y CA-325, integrados en el sistema Las Flores, sin someterse a las regulaciones estatales vigentes.

El origen del conflicto se remonta a 2015, cuando la rotura del oleoducto CA-324 provocó un vertido masivo de crudo en la zona de Refugio Beach, en las inmediaciones de Santa Bárbara, considerado el peor desastre de este tipo en la costa californiana en un cuarto de siglo. A raíz de aquel episodio, que afectó gravemente a ecosistemas marinos y obligó al cierre de playas, las infraestructuras quedaron bajo estricta supervisión judicial.

El fiscal general del estado, Rob Bonta, sostiene en la demanda que el Gobierno federal «carece de autoridad» para eximir a la empresa del cumplimiento de la legislación estatal y de las resoluciones judiciales dictadas tras el accidente. En su opinión, tanto la Casa Blanca como la compañía pretenden eludir controles «en busca de beneficios corporativos», ignorando las consecuencias ambientales y sanitarias ya constatadas.

«California ha presenciado de primera mano los devastadores impactos ambientales y en la salud pública de la ruptura de estos oleoductos», advirtió Bonta, recordando que existen obligaciones legales destinadas precisamente a evitar que se repita un episodio similar.

Frente a esta posición, el Departamento de Energía defiende la medida como una necesidad estratégica. La orden, emitida el pasado 13 de marzo, se ampara en la Ley de Producción de Defensa, un instrumento que el Ejecutivo ha invocado para sortear las restricciones estatales y aumentar la producción de petróleo en un contexto de tensiones internacionales derivadas de la guerra con Irán.

Según Wright, la reactivación del sistema contribuirá a reforzar el suministro energético nacional y garantizará el abastecimiento de instalaciones militares en la costa oeste, consideradas esenciales para la seguridad y la defensa de Estados Unidos.

El pulso entre Sacramento y Washington no solo refleja el choque competencial entre administraciones, sino también el difícil equilibrio entre la protección medioambiental y las exigencias energéticas en un escenario internacional marcado por la inestabilidad. Mientras tanto, los mercados han reaccionado con rapidez: las acciones de Sable Offshore registraron una subida cercana al 10 % tras conocerse la decisión del Gobierno federal.