El Senado de Bolivia crea una comisión para investigar las «presuntas influencias» de Zapatero en el país

Al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero se le acumulan los frentes. El Senado de Bolivia aprobó este miércoles la creación de una comisión que investigará la presunta influencia que ejerció Zapatero –ya imputado en España por liderar una estructura organizada y estable orientada al ejercicio ilícito de influencias– en el país andino a favor de una empresa peruana, Grupo Gloria, a cambio de 200.000 euros.

La «Comisión Especial de Investigación», aprobada en una sesión realizada ayer, será la «encargada de indagar las presuntas gestiones de influencia ejercidas en Bolivia por José Luis Rodríguez Zapatero y otros actores nacionales o extranjeros, en favor del Grupo Gloria del Perú», explicó la Cámara alta en un comunicado de prensa.

También investigará la «eventual incidencia» del expresidente socialista y los otros posibles implicados «en decisiones judiciales y constitucionales relacionadas con un litigio empresarial», agregó.

La comisión estará integrada por seis senadores de las distintas fuerzas políticas con representación en la Cámara alta y tendrá un plazo de hasta tres meses para realizar la investigación y presentar un informe final al pleno.

La semana pasada se conoció un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional, que sostiene que Zapatero participó en una «dinámica de intermediación e influencias» con autoridades de Bolivia orientada a «beneficiar los intereses» del Grupo Gloria, «mediando una contraprestación económica de 200.000 euros».

El informe incluye conversaciones de WhatsApp entre Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar, así como varias agendas del expresidente que han servido para apuntalar la última acusación del caso Plus Ultra, en el que se le investiga por el posible cobro de comisiones por su influencia en el rescate de esa aerolínea.

En el reporte aparecen figuras destacadas del Gobierno de Bolivia entre 2020 y 2025, incluidos el expresidente Luis Arce (2020-2025), tres de sus ministros, el entonces procurador boliviano Ricardo Condori y la exembajadora de Bolivia en España entre 2007 y 2015, Carmen Almendras.

El caso en Bolivia involucra a la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) en una disputa legal desde 2010 con la estatal Fábrica Nacional de Cementos (Fancesa) por la tenencia de acciones que permitirían a la primera empresa ampliar sus plantas regionales, lo que fue denunciado por la segunda como un caso de presunta competencia desleal.

Desde 2014, el caso involucró también al grupo peruano Gloria, actual accionista mayoritario de Soboce, que reclama una compensación por la reversión de esas acciones y mantiene litigios contra el Estado boliviano.

El expresidente Arce, quien está encarcelado preventivamente desde diciembre de 2025 por un caso de supuesta corrupción, negó estar involucrado «en ningún caso de tráfico de influencias» en favor de Soboce.

Recientemente, tras conocerse el informe de UDEF, el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia (TSJ) ratificó una sentencia de 2025 que obliga a Soboce a pagar a Fancesa una compensación por más de 74,4 millones de dólares.