Los socios de la devastación: funcionarios y constructores

A pesar de que los venezolanos todavía atravesamos por la compleja fase inmediatamente posterior a los dos poderosos terremotos y sus réplicas; a pesar de que los impactos y secuelas ocupan y aun desarticulan todos los órdenes de la vida cotidiana y de la vida en común; a pesar de la repulsión que produce la sospecha y las evidencias de que la ayuda internacional está y estará en manos de redes criminales; a pesar de que la improvisación, el maltrato y los gritos son la norma que las autoridades policiales y militares han establecido hacia la ciudadanía indefensa y necesitada; a pesar de tantos factores adversos e inciertos; a pesar de que la cifra de fallecidos aumenta inexorablemente, día a día; a pesar de que organismos internacionales y organizaciones técnicas continúan emitiendo advertencias sobre algunos riesgos presentes en las extensas zonas que hoy no son más que campos de escombros y destrucción; a pesar de todo lo que podría añadirse a esta enumeración, hay que señalar el surgimiento de un fenómeno de considerable significación: la sociedad venezolana ha comenzado a preguntar por los corresponsables de que los terremotos hayan sido tan mortíferos y destructivos.

Lo que está ocurriendo, por fortuna, tiene un carácter extendido y social. No tiene un centro, carece de coordinación, no responde a una planificación ni mucho menos a una estrategia política. Son las personas, mejor dicho, sobrevivientes, víctimas y testigos de lo ocurrido, los que han comenzado a preguntarse en voz alta aquí, allá y más allá, porqué en buena parte de Vargas los edificios se desplomaron como castillos de naipes, como si fuesen juguetes provisionales de 20 pisos de altura, inevitablemente destinados a venirse abajo y matar a sus ocupantes.

Las imágenes no mienten: no eran viviendas sino eficaces trampas para seres humanos y mascotas. Trampas para aniquilar a indefensos y estafados, que no sabían que sus vidas estaban en estatuto de riesgo extremo. No sabían que habitaban edificios de insólita fragilidad.

La pregunta por la corresponsabilidad de la devastación ha encontrado quien la responda. Geólogos, urbanistas, planificadores, arquitectos, ingenieros de varias especialidades, expertos en sísmica, investigadores, académicos y periodistas de buen oficio han comenzado, en días recientes, a exponer y debatir los distintos aspectos que han confluido para potenciar la letalidad de los terremotos. Así las cosas:

Resulta que expertos japoneses habían entregado un informe a Hugo Chávez Frías, después del deslave de Vargas, que advertía de los enormes peligros de construir sobre esos suelos blandos, porosos e inconsistentes, informe que fue desconocido, engavetado y olvidado por quienes tenían la obligación de atender a estas alarmas.

Resulta que, contrariando los reportes técnicos y el sentido común, distintas autoridades concedieron permisos para levantar enormes edificios donde era totalmente desaconsejable hacerlo, por los enormes peligros que acecharían a esas viviendas.

Resulta -un verdadero escándalo- que se construyeron centenares de edificios con materiales de pésima calidad, en cantidades insuficientes, violando los más elementales requisitos de seguridad, ejecutados con apuro y por personas carentes de los mínimos conocimientos necesarios en las prácticas de construcción, y siguieron adelante a pesar de los jefes de estas operaciones de construcción, muchos de ellos militares al servicio del gobierno de Hugo Chávez Frías, sabían que estaban construyendo altos edificios que podían desplomarse en cuando se produjera un sismo de mediana o fuerte intensidad.

Resulta que profesionales de la ingeniería, propietarios de empresas privadas de la construcción, firmas responsables de la supervisión de las obras, funcionarios municipales encargados del otorgamiento de permisos y de garantizar el cumplimiento de los parámetros técnicos de construcción, se abstuvieron de cumplir con sus obligaciones, firmaron lo que no debían firmar, autorizaron lo que estaba condenado a derrumbarse, ejercieron presión, incluso sobre las unidades de bomberos, para que otorgaran los permisos y cubrir esta gigantesca operación de enriquecimiento y asesinato masivo.

Mientras las piezas de este enorme rompecabezas del crimen organizado salen a la superficie, a través de los más diversos mecanismos y canales, ¿qué hacen los poderes públicos? Se dedican a espiar a los ciudadanos; a amenazar a los sobrevivientes y las víctimas e imponerles el silencio; amedrentan o detienen a usuarios de las redes sociales que denuncian la incompetencia, el abuso, el establecimiento de una jerarquía en las operaciones de rescate que prioriza a los integrantes del régimen y a sus enchufados.

¿Acaso los poderes públicos han dicho una palabra sobre investigar y actuar en contra de los responsables de estos asesinatos masivos? Ni una palabra. Esto debe quedar claro. Está en camino una gigantesca operación de silenciamiento, encubrimiento e impunidad para nadie, absolutamente nadie reciba el castigo que merece por acción, omisión, prevaricación y violación de las normas técnicas en la construcción de viviendas. Es decir, se pretende que toda la cadena que va, desde el que ordena construir, hasta el constructor que utiliza como relleno una cantidad indiscriminada de anime, en lugar donde han debido usarse vigas de hierro y concreto, salgan de esta atrocidad impunes y protegidos.