Seguidores del movimiento estudiantil conocido conocido «Cucarachas»
India propone hasta 10 años de cárcel por la filtración de los exámenes que desató la marcha de «las cucarachas»
El Gobierno de la India presentó este lunes en el Parlamento un proyecto de ley que prevé hasta 10 años de cárcel y multas de unos 60.000 dólares por filtraciones en exámenes oficiales, en respuesta a las protestas estudiantiles del movimiento juvenil Cockroach Janta Party (CJP), conocido como «Cucarachas».
El proyecto de enmienda fue introducido en la Lok Sabha, la Cámara Baja india, por Jitendra Singh, ministro adjunto de despacho del primer ministro, Narendra Modi, en una sesión marcada por protestas de la oposición, que exigía respuestas por la actuación policial contra manifestantes del CJP durante una marcha hacia el Parlamento el pasado 20 de julio.
La norma establece además que las investigaciones deberán concluir en un plazo de dos meses y que tribunales de vía rápida designados en cada estado celebren audiencias diarias para emitir sentencias en un máximo de tres meses.
«Aquellos que jugaron con el futuro de los estudiantes se están pudriendo en las cárceles. Ya hemos establecido tribunales de vía rápida y avanzamos hacia una ley con disposiciones legales más estrictas», aseguró ayer Modi en X, justificando la urgencia de presentar el proyecto.
Modi anunció también la creación de un grupo de trabajo de alto nivel liderado por el experto tecnológico Nandan Nilekani para reformar el sistema de evaluaciones, reforzar su credibilidad y ampliar el uso de tecnología en las pruebas.
Las medidas llegan después de semanas de movilización de 'Cucarachas' contra las filtraciones e irregularidades en exámenes oficiales como el NEET-UG, la prueba nacional de acceso a medicina y una de las más competitivas del país.
La protesta logró este fin de semana la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, a quien el movimiento responsabilizaba políticamente de la crisis, pero sus líderes han advertido de que la salida del ministro no cierra sus demandas de reformas, compensaciones para familias de aspirantes fallecidos por suicidio y garantías para los manifestantes.
En la India, estos exámenes son especialmente sensibles porque millones de jóvenes compiten cada año por plazas universitarias y empleos públicos, vistos por muchas familias como una de las principales vías de movilidad social.
