El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio
Un tribunal federal anula la suspensión de visados para 75 países ordenada por Trump
Una juez de Nueva York califica la maniobra como «manifiestamente ilegal» y advierte que cada caso se debe estudiar de manera individualizada
la juez del Distrito Sur de Nueva York, Jaennette Vargas ha invalidado la suspensión de visados de inmigrantes para 75 países impuesta por la Administración Trump afirmando que el secretario de Estado Marco Rubio se excedió en sus competencias al aplicarla.
En una sentencia de 61 páginas, la magistrado califica como «manifiestamente ilegal» la suspensión de los visados y cuestionó que el Gobierno estadounidense se justificara en que los solicitantes de esas nacionalidades pudieran convertirse en una «carga económica» para EE.UU.
Revisión de miles de solicitudes
Del mismo modo, hacía hincapié en que se había mandado a los funcionarios norteamericanos denegar visados incluso si se cumplían los requisitos, saltándose una norma que exige una evaluación individual de cada caso. Entre los países afectados se encontraban varios de Hispanoamérica y el Caribe como Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay. También a Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.
Entre los demandantes del caso se incluyen cinco profesionales de Colombia que recibieron negativas a sus solicitudes de visado en las que se citaba la nueva política, además de seis estadounidenses que afirman que esta prohibición perjudicó a sus familiares en Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía, según el diario The New York Times.
El fallo de la jueza revoca también las denegaciones de visado basadas exclusivamente en la medida, lo que podría resultar en la revisión de miles de solicitudes ya procesadas.
«Esta decisión representa una victoria significativa para los cientos de miles de familias en todo el país y el mundo cuyas vidas se vieron sumidas en el caos debido a la prohibición de visas, ilegal y discriminatoria, impuesta por esta Administración», afirmó en un comunicado Joanna Cuevas Ingram, abogada principal del National Immigration Law Center.
De momento, ni el Departamento de Estado ni la Casa Blanca se han pronunciado sobre la decisión.