Capitolio de Estados Unidos
EE.UU. demanda a cuatro estados por leyes que ayudan a estudiantes sin estatus migratorio
Desde la perspectiva del Departamento de Justicia las leyes estatales vigentes entran en conflicto directo con la legislación federal
El Gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, ha interpuesto una demanda judicial formal en contra de las legislaciones locales de Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington.
El objeto del recurso es anular las normativas que facultan a las instituciones universitarias públicas de dichas entidades para otorgar facilidades financieras y tarifas de matrícula con descuento a alumnos que carecen de un estatus legal de residencia.
Desde la perspectiva del Departamento de Justicia (DOJ), las leyes estatales vigentes entran en conflicto directo con la legislación federal.
De acuerdo con la dependencia, las normas locales que conceden costos reducidos de residente e incentivos académicos a la totalidad de la matrícula —sin considerar la situación migratoria— discriminan de forma inconstitucional a los ciudadanos estadounidenses. Asimismo, la fiscalía sostiene que este tipo de asistencias económicas genera un estímulo indirecto a la inmigración irregular.
El procedimiento legal constituye una acción orientada a dar cumplimiento a un par de órdenes ejecutivas emitidas previamente por la Casa Blanca, diseñadas para impedir que las personas en situación irregular accedan a incentivos fiscales o tratos preferenciales.
La Justicia derrogó unas ayudas en 2021
Al respecto, el fiscal adjunto Stanley E. Woodward remarcó que la concesión de estos beneficios relega a los ciudadanos del país e ignora el marco legal federal vigente.
Esta acción judicial no representa un caso aislado dentro de la estrategia federal. Hasta el momento, el Departamento de Justicia ha entablado litigios similares contra un total de 21 estados.
La iniciativa cuenta con antecedentes recientes favorables para la administración federal, como ocurrió en el caso de Texas, donde se logró la eliminación de un programa de beneficios universitarios instaurado en 2001.
Para fundamentar el caso particular de Arizona, el gobierno citó estimaciones del Arizona Center for Investigative Reporting. Según dicho informe, más de 3.600 estudiantes en situación migratoria no regular podrían resultar beneficiados anualmente por las tarifas preferenciales si la normativa de esa entidad se mantiene vigente.
