Los Veintisiete aprueban los centros de inmigrantes en terceros países con el único voto en contra de España

Veintiséis de los Veintisiete estados miembros de la Unión Europea han dado este jueves el visto bueno a la apertura de centros de retorno de inmigrantes en terceros países entre otras medidas que dificultan la inmigración irregular en Europa. España ha sido el único país que se ha opuesto.

La medida, aprobada en la reunión de embajadores nacionales en la UE, prevé que previa negociación bilateral con países considerados «seguros» los distintos estados de la Unión Europea puedan abrir centros en terceros países para llevar allí a los inmigrantes a los que no se les haya reconocido el derecho de asilo.

A modo de garantía, dicho acuerdo o convenio solo podrá celebrarse con un país no perteneciente a la UE que respete las normas internacionales de derechos humanos y los principios del derecho internacional, incluido el principio de no devolución. Los menores quedan excluidos de esta posibilidad.

Algunos países como Italia o Alemania ya se encuentran en fases avanzadas de negociación. España, sin embargo, se niega a ello y prefiere mantenerlos en los CETI.

Pero además, el Consejo también ha aprobado la obligación de abandonar el Estado miembro en cuestión y cooperar con las autoridades de aquellas personas que no tienen derecho de asilo. «El incumplimiento de esta obligación puede acarrear sanciones, como la reducción de prestaciones y subsidios concedidos conforme a la legislación nacional, la denegación de incentivos para el retorno voluntario, sanciones económicas o incluso penales», afirma el Consejo de la UE.

Hay que recordar que la Unión Europea ya aprobó el pasado mes de enero el endurecimiento de las condiciones para aprobar la solicitud de asilo. Así, se ha elaborado una lista de países considerados «seguros», entre los que se encuentra Marruecos, por su cumplimiento de los Derechos Humanos, cuyos nacionales tienen complicado la solicitud de asilo.

Las nuevas normas introducen también medidas especiales para los nacionales de fuera de la UE que representen un riesgo para la seguridad. Por ejemplo, los Estados miembros pueden imponer una prohibición de entrada indefinida cuando esté justificada y sea proporcional al riesgo para la seguridad que representan, o bien detener a dichos nacionales de fuera de la UE durante un período superior a 24 meses.