¿Guerra entre el Ejército de Liberación Nacional y los militares venezolanos?

Comenzaré este artículo recordando tres hechos protagonizados por Abelardo de la Espriella, que podrían ser determinantes en la Venezuela de los próximos tiempos.

Durante su discurso de posesión como presidente de Colombia, el pasado 7 de agosto de 2026, De la Espriella ratificó su decisión, tantas veces reiteradas en su campaña electoral, de poner en marcha una política de confrontación, de mano dura en lo policial y militar contra las agrupaciones terroristas, del tipo que sea.

Este momento marcará para los historiadores un hito: la fracasada política de «Paz Total» de Gustavo Petro, bajo cuyo aliciente, las organizaciones armadas crecieron, fortalecieron sus operaciones y lograron acuerdos de cohabitación regionales o locales con algunos gobernadores y alcaldes. Esto llegó a su fin.

Días después se produjo el segundo hecho: durante el Consejo de Seguridad realizado el 25 de agosto, De la Espriella presentó, ante la nación, las principales líneas de un ambicioso plan militar y policial con el objetivo de golpear y reducir estructuralmente a los grupos armados ilegales. Escuché en aquellos días a periodistas preguntar a expertos militares sobre la probabilidad de éxito de esta política.

Me sorprendió la coincidencia en este argumento: la alta posibilidad de que el presidente De la Espriella sea exitoso en su esfuerzo se debe a un factor, si se quiere, extra militar y extra policial: el alto nivel de rechazo y hartazgo de la población civil en las zonas rurales de Colombia, frente a las actuaciones y la propia existencia de estos grupos. El miedo ha disminuido, la confianza y las relaciones con los organismos de seguridad han mejorado, la colaboración con los servicios de Inteligencia se ha incrementado, las comunidades han aprendido a utilizar las redes sociales y los grupos de WhatsApp para defenderse y apoyarse unos a otros.

El tercer hecho tuvo lugar el 28 de agosto. Tras los ataques con drones y explosivos contra estaciones militares y policiales, y emboscadas a civiles y uniformados en distintas partes del territorio de Colombia (fueron 13 acciones en un período de 21 días), De la Espriella no retrocedió, sino que fue un paso más allá: anunció la creación del llamado Escudo Antiterrorista para proteger instalaciones estratégicas de la Seguridad del Estado.

Primer paso de una estrategia de avance de las fuerzas militares y policiales, de progresivo acorralamiento de los grupos armados en muy diversos puntos de la rica y compleja geografía de Colombia: en el Caribe, Sierra Nevada y el Valle del Cauca; en Nariño, Cauca, Caquetá y Putumayo; y en el Norte de Santander, la región nororiental donde se encuentra el problemático corredor del Catatumbo, santuario operativo de la narco guerrilla, ubicación privilegiada por lo próximo y poroso de su frontera con Venezuela.

La acción militar y policial bajo el mando De la Espriella es mucho más profunda y diversa de lo que normalmente se divulga. Además de las operaciones de cacería de los cabecillas y el bombardeo de campamentos y depósitos de armas e insumos, está en marcha una amplia y coordinada trama de patrullaje, capturas de delincuentes en zonas urbanas, destrucción de las cadenas logísticas, mecanismos de aseguramiento en las cárceles, desmontaje de las redes financieras y circulación del dinero, todo ello soportado en una sistémica actividad de Inteligencia, que ahora cuenta con el apoyo de varios países: Estados Unidos, el Reino Unido, España, Francia, entre otros.

Toda esta especie de «guerra en curso» que se está produciendo en regiones delimitadas del territorio colombiano, inevitablemente tiende a desbordarse hacia las zonas fronterizas de Ecuador y Venezuela, ya que los grupos armados han comenzado a replegarse, huir y desplazarse, buscando refugio en las zonas fronterizas.

El caso de Venezuela es, como sabemos, de extraordinaria complejidad: las agrupaciones narco guerrillas, principalmente el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) y los disidentes de las FARC (conocidos como ex-FARC), no solo cuentan con amplísimos territorios para operar libremente; no solo cuentan con facilidades como pistas clandestinas para aviones, hoteles, fincas, burdeles, restaurantes, centros de salud, espacios recreacionales, fuentes de reabastecimiento y propiedades inmobiliarias, sino que operan protegidos por ciertos oficiales y suboficiales, y hasta por unidades militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esa es la razón por la que, en el lenguaje de los delincuentes, a ciertas zonas de Apure, Táchira o Zulia, se las llama «el paraíso».

Muchos lectores seguramente recuerdan que, especialmente a partir de marzo de 2022, las dos agrupaciones se enfrentaron en territorio venezolano, en combates de mayor o menor repercusión, que se prolongaron durante varios meses. La violencia de la disputa se explica por la importancia del trofeo en juego: nada menos que el control de las rutas del narcotráfico y de las pistas aéreas. En aquel momento, y este es un importante antecedente, las FANB participaron en los combates a favor del ELN y en contra del frente de las ex FARC dirigidos por el narco guerrillero Gentil Duarte. Entonces quedó claro, con hechos inequívocos, la vocación favorable al ELN que predomina entre algunas unidades de las FANB.

Pero he aquí que la poderosa presencia de Estados Unidos –en distintos formatos, pero muy determinante– tanto en Colombia como en Venezuela, ha provocado un radical cambio de escenario, no sabemos si de forma coyuntural o de modo más duradero: la poderosa ofensiva militar del Estado colombiano, con el apoyo de Estados Unidos, está empujando a los criminales a desplazarse a Venezuela.

¿Y con qué se encuentran ahora al cruzar la frontera hacia el paraíso? Con que el aliviadero que ha sido Venezuela durante más de veinte años ya no es tal. En el municipio Junín, fronterizo con Colombia, cuya capital es el pueblo de Rubio, una columna de guerrilleros se encontró con una unidad de la Guardia Nacional. Los delincuentes fueron conminados a retroceder y volver a su país. Se negaron y comenzaron los combates.

Las informaciones señalan que el combate se cobró un muerto y cinco heridos. Al día y hora en que escribo este artículo, la mañana del viernes 2 de octubre, no encuentro información sobre las identidades y el bando al que pertenecían el fallecido y los tiroteados.

¿Qué relevancia tiene este combate? ¿Qué sugiere? Que estos hechos podrían escalar en los próximos días y semanas. La razón es obvia: ni De la Espriella ni Trump darán marcha atrás en sus políticas conta el narcotráfico. Las narco guerrillas continuarán intentado entrar en territorio venezolano, acorraladas por el Ejército y la aviación de Colombia.

Entonces, se levanta la fundamental pregunta de qué harán las FANB: ¿continuarán protegiendo por acción u omisión a los delincuentes o tendrán que atender a la presión de Estados Unidos y hacerles frente? No me cabe duda al respecto: en la situación actual, los militares venezolanos, aun en la precariedad de sus recursos, su pérdida de condiciones y su casi inexistente compromiso con las instituciones, tendrán que hacerle frente a los avezados y siniestros sujetos armados de las narcoguerrillas.