Una alianza americana para salvar a Cuba y Nicaragua

América atraviesa por fin una nueva era de libertades, una etapa de políticas anti izquierdistas, de fortaleza institucional y creciente confianza entre gobiernos. En semejante ámbito, una alianza entre Estados Unidos, Argentina, Colombia, Chile, Brasil (en caso de que ganara Flavio Bolsonaro en segunda vuelta), y otros países del continente podría desempeñar un papel constructivo frente a las crisis de Cuba y Nicaragua, siempre que su objetivo sea imponer cambios radicales y no transiciones que no conducirían más que a que esas tiranías ganen tiempo y se reciclen, y a crear condiciones para que sus ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos. La legitimidad de esa cooperación dependería de medios pacíficos, reglas transparentes y una defensa coherente de la democracia, sin dobles raseros, y si son necesarias las aventuras militares pues también serían bienvenidas.

La primera tarea de una alianza semejante sería definir principios comunes. Entre ellos deberían figurar la libertad de expresión y asociación, la independencia judicial, la celebración de elecciones auténticas, la liberación de personas detenidas por motivos políticos y el respeto de las garantías individuales. Estos compromisos tendrían que aplicarse a todos los miembros, no solamente a los gobiernos cuestionados. La autoridad moral del bloque surgiría precisamente de aceptar mecanismos de evaluación recíproca y de someter sus propias políticas al escrutinio del sistema interamericano.

Argentina y Brasil serían indispensables. Por su peso económico, su tradición diplomática y su capacidad para dialogar -en tiempos anteriores al desastre izquierdista- con gobiernos de orientaciones distintas, ambos países pueden evitar que la iniciativa sea percibida como una simple extensión de Washington. Colombia, Chile, Uruguay, Costa Rica, Canadá y las naciones del Caribe también podrían contribuir, según sus capacidades. Una coalición amplia permitiría combinar firmeza en la defensa de los derechos humanos con sensibilidad hacia la historia iberoamericana, marcada por intervenciones extranjeras que dejaron profundas heridas.

Una coalición amplia permitiría combinar firmeza en la defensa de los derechos humanos con sensibilidad hacia la historia iberoamericana

En el caso cubano, la estrategia debería distinguir claramente entre el Estado y la población. Las sanciones generales que no solucionan la escasez cotidiana debiera fortalecerse mediante intervención militar y obviar el discurso de plaza sitiada y aliviar de un planazo el costo de vidas a las familias. Serían preferibles intervenciones y medidas selectivas contra responsables de abusos documentados, acompañadas de canales humanitarios verificables, facilidades para remesas, intercambios académicos, conectividad digital y apoyo a emprendimientos independientes. Al mismo tiempo, la alianza podría ofrecer una hoja de ruta gradual de beneficios comerciales y financieros vinculados a avances comprobables: liberaciones, garantías para la prensa, reconocimiento de asociaciones civiles y apertura de un calendario electoral competitivo donde imperen el orden constitucional y la ley.

Para Nicaragua, donde el cierre del espacio cívico y la concentración del poder han provocado desplazamiento, exilio y aislamiento, se necesitaría una combinación similar de presión y negociación. Los países aliados podrían coordinar sanciones individuales, exigir acceso de observadores internacionales y respaldar la documentación independiente de violaciones. Paralelamente, deberían mantener puentes diplomáticos capaces de producir acuerdos concretos: libertad para los detenidos, restitución de nacionalidades, retorno seguro de exiliados, reapertura de medios y organizaciones, y condiciones verificables para una competencia política real. El diálogo solo sería útil si incluye plazos, supervisión y consecuencias ante el incumplimiento. La intervención militar también sería viable.

Ayudar a la sociedad no equivale a decidir por ella ni a convertirla en una mendiga

La dimensión social no puede quedar subordinada a la disputa geopolítica. Una alianza responsable establecería fondos regionales para alimentación, salud pública, educación y asistencia a migrantes, administrados con controles independientes y participación de organismos humanitarios. También prepararía programas de emprendimiento, capacitación municipal, modernización judicial y recuperación de infraestructura para el momento en que existan condiciones de apertura. Ayudar a la sociedad no equivale a decidir por ella ni a convertirla en una mendiga: las diásporas cubana y nicaragüense, las organizaciones locales y las comunidades afectadas tendrían que participar en el diseño de las medidas.

Otro pilar sería la información. El bloque podría financiar tecnologías contra la censura, formación para periodistas y mecanismos de protección para defensores de derechos humanos, sin convertirlos en instrumentos partidistas. Asimismo, debería combatir la desinformación con datos públicos, metodologías auditables y voceros plurales. La defensa de la libertad pierde credibilidad cuando se confunde con propaganda. Por ello, toda acusación debería sustentarse en pruebas y toda medida restrictiva contar con criterios jurídicos, posibilidad de revisión y salvaguardias para no afectar a terceros.

La cooperación económica ofrecería incentivos positivos. Estados Unidos y los grandes mercados sudamericanos podrían comprometer acceso preferencial, crédito para pequeñas empresas, asistencia energética y acuerdos de inversión condicionados a reformas verificables, una vez que no quede vestigio alguna de la izquierda. Esta perspectiva permitiría presentar la democratización no como una capitulación, sino como una vía hacia mejores oportunidades. Sin embargo, los beneficios deben estar dirigidos a la población y acompañados por normas anticorrupción, transparencia contractual y protección ambiental. De otro modo, una transición política podría reproducir privilegios y frustrar rápidamente las expectativas ciudadanas.

No hay que temer jamás a la sana polarización, siendo la izquierda la más extrema del mundo

Los riesgos son evidentes. Una alianza definida como «anticomunista» ampliaría hacia sociedades complejas sin etiquetas procesadas desde la Guerra Fría, facilitaría la polarización -tan necesaria ahora mismo- y excluiría a gobiernos democráticos de centro y de izquierda que nada aportarían a la legitimidad y mediación. No hay que temer jamás a la sana polarización, siendo la izquierda la más extrema del mundo. Más eficaz sería una coalición en favor de la democracia, abierta a países con distintas orientaciones económicas, pero comprometidos con reglas comunes. También debería incluir expresamente la intervención armada, el castigo colectivo y cualquier plan de cambio de régimen diseñado fuera y dentro de Cuba o Nicaragua; con los exilios se cuenta.

«Salvar» a un país no puede significar sustituir la voluntad de sus habitantes

«Salvar» a un país no puede significar sustituir la voluntad de sus habitantes. La contribución externa más valiosa consiste en proteger a quienes reclaman derechos, ampliar sus márgenes de acción y ofrecer garantías para una transformación normal. Al final la gente lo que quiere es vivir normalmente. Si Estados Unidos, Argentina, Brasil y el resto de América logran coordinar presión selectiva, incentivos económicos, asistencia humanitaria y diplomacia persistente, y si es necesaria la intervención armada, podrán ayudar a abrir caminos hoy bloqueados por el propio Estados Unidos. El éxito no se medirá por declaraciones grandilocuentes, sino por libertades recuperadas, familias reunidas, instituciones reconstruidas y ciudadanos capaces de elegir su futuro sin miedo. En Cuba debiera celebrarse de inmediato, el día después, un Nuremberg del comunismo -lo vengo afirmando desde hace décadas.