María Corina Machado en una imagen de archivo
La oposición venezolana exige que se permita a María Corina Machado volver y poder ser candidata
En las últimas semanas, la idea de que vuelva la líder al país es cada vez más sonada
El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela ha exigido este jueves que María Corina Machado, quien se encuentra fuera de Venezuela desde diciembre de 2025, pueda regresar sin su inhabilitación política.
A través de un comunicado, el partido ha recordado que en 2015 la Contraloría General de la República impuso a Machado una inhabilitación por un año, medida que le impidió presentarse a las elecciones parlamentarias.
En 2023, después de que Machado ganara las elecciones primarias de la oposición, la Contraloría anunció una nueva inhabilitación por 15 años «sin un procedimiento mínimamente respetuoso de las garantías elementales del debido proceso y que nunca fue notificada formalmente».
Esa sanción fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia en enero de 2024, en un contexto en el que se debía decidir si Machado podía competir en las elecciones presidenciales que se celebraron en julio de ese año.
El partido de Corina Machado se pronunció sobre esto a propósito de la declaración de Bárbara César Siero, exmagistrada del TSJ, quien denunció el martes pasado que fue coaccionada para firmar varias sentencias de inhabilitaciones políticas, entre ellas la de Machado.
La lucha del partido por la inhabilitación
A través de un video y una carta publicada en sus redes sociales, César Siero relató entonces que el 15 de diciembre de 2023 Machado interpuso su demanda ante el TSJ para que se revisara la medida de inhabilitación que le impuso la Contraloría.
«Paralelamente a ese hecho, ese mismo día mis dos hermanos, el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero, el mayor Guillermo Henry César Siero, y mi cuñada la mayor Diana Desirée Victoria Justo, fueron detenidos arbitrariamente por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar», aseguró entonces.
Asimismo, dijo no saber el lugar de reclusión de sus parientes y no tener comunicación con ellos, así como desconocer los delitos que se les imputaban.
«A partir de ahí, mis tres familiares fueron usados para coaccionarme como magistrada y vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del TSJ, ya que era competente para decidir sobre el destino político de los candidatos», subrayó.
