Nuevas movilizaciones de estudiantes y docentes argentinos terminan en una batalla campal en Buenos Aires

estudiantes y docentes en Argentina son dos sectores conflictivos desde principios de siglo. Las facultades las entienden como patrimonio propio, acampan en su interior y bloquean el acceso y a los compañeros que se resisten a utilizar ese método de protesta.

En un escenario que podría recordar al de Madrid, mientras la izquierda/peronismo/kirchnerismo gobierna las protestas no aparecen o son «pacíficas». El panorama cambia cuando el jefe de Gobierno de Buenos Aires o el presidente de Argentina es de otra ideología, como sucede ahora. Dicho esto, buena parte de sus demandas suelen ser de justicia.

Fernando De La Rúa y Mauricio Macri quizás fueron los dirigentes que más sufrieron este tipo de movilizaciones violentas, pero esta semana le tocó el turno a Javier Milei que se resiste a cumplir con un fallo de la Corte Suprema (Tribunal Supremo) que le ordena actualizar los sueldos de los profesores y destinar determinadas partidas de los presupuestos a la modernización de los centros y a aumentar sus recursos. El máximo Tribunal se remite a la Ley de Financiamiento Universitario que vetó el propio Milei, pero que posteriormente fue aprobada por el Parlamento.

Así las cosas, estudiantes, maestros e infiltrados se echaron por cuarta vez a la calle el jueves en una marcha donde reclamaban la ejecución de la sentencia que el Gobierno objeta al señalar que los magistrados omiten aclarar de dónde podría sacar esos fondos.

Lo que debería ser una manifestación en paz terminó, como suele ser habitual, en una auténtica batalla campal entre la policía y manifestantes.

Decenas de personas en los alrededores del Congreso arrancaron adoquines y pedazos de las aceras que lanzaron contra los agentes mientras los efectivos policiales disparaban gases lacrimógenos y chorros de agua desde carros hidrantes.

Los enfrentamientos, informa Afp, continuaron y al caer la tarde policías motorizados e infantería despejaron la zona.

Al menos 25 personas fueron detenidas y ocho efectivos de las distintas fuerzas asignadas al operativo sufrieron heridas, según el ministerio de Seguridad Nacional.

«Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las fuerzas de seguridad y convertir las calles en una zona liberada», escribió en X la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

La manifestación se dio luego de numerosas jornadas de paro, protestas dentro de las universidades y fallos judiciales que instan al Ejecutivo a cumplir la llamada Ley de Financiamiento Universitario.

La norma implica la actualización salarial por inflación a docentes desde diciembre de 2023, la recomposición de becas estudiantiles y de fondos para el funcionamiento de las universidades.

Los recursos universitarios registraron una caída del 40,5%

Los recursos universitarios registraron una caída del 40,5% en términos reales si se compara el primer semestre de este año contra el de 2023, según un estudio del Centro de Investigación de Economía Nacional de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Con banderas de centros de estudiantes y sindicatos docentes, los manifestantes llevaban inscripciones como «La universidad pública es un derecho no un privilegio». «Estamos reclamando que nos paguen lo que nos deben», protestó Francisca Staiti, secretaria general del gremio docente Conadu Histórica a Afp.

La dirigente aseguró que las restricciones presupuestarias se reflejan en el «pluriempleo o la renuncia a los cargos» docentes.

Distintos informes del sector estiman que al menos 10.000 docentes e investigadores renunciaron desde el inicio del gobierno de Milei.

«Se van porque el sueldo no les alcanza», destaca Victoria Coronel, estudiante de Trabajo Social en la Universidad de La Matanza. Añadió que los recortes se notan también «en el cuidado de la universidad, la falta de aulas, turnos. Algunas cosas se rompen y cuesta que las reparan».

La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en agosto de 2025, fue vetada por Milei y luego ratificada por el Parlamento en octubre del año pasado. Sin embargo, el Ejecutivo nunca la aplicó.

Desde entonces, distintas decisiones judiciales, entre las que se cuenta un fallo en junio de la Corte Suprema, obligan al gobierno a cumplirla.

El portavoz presidencial, Adrián Ravier, justificó al Gobierno al asegurar que «no es cierto que no se esté cumpliendo con esa ley» sino que la ley «está interrumpida» mientras el Gobierno define sus siguientes pasos en el tema. El Ejecutivo plantea además que la legislación no contempla con qué fondos financiarla.

Desde su llegada al poder en diciembre de 2023 el presidente Milei dispuso aumentos en las partidas presupuestarias, pero las universidades los consideran insuficientes.

Los grupos también habían convocado a movilizarse al Congreso para exigir la derogación de un megadecreto de Milei que, entre otras cosas, elimina la restricción a la venta de tierras rurales a extranjeros.