Polonia advierte a la OTAN de que los sabotajes atribuidos a Rusia puedan provocar víctimas mortales
Varsovia reclama una respuesta aliada más contundente frente a la guerra encubierta de Moscú, pero el Tratado Atlántico no obliga a responder militarmente por cada víctima: la clave será determinar si se ha producido un ataque armado
Un cartel de reclutamiento de las Fuerzas Especiales «Ballista» de Ucrania, en Kiev
«¿Qué ocurrirá cuando haya muertos?». La advertencia la formuló Radosław Sikorski, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores polaco, en una entrevista concedida al diario británico Financial Times durante su visita a Londres. El jefe de la diplomacia polaca pide que los aliados se preparen para una reacción firme si las operaciones híbridas atribuidas a Moscú provocan muertes. Advirtió de que los daños materiales y las víctimas mortales plantean escenarios distintos y de que la Alianza tendría que debatir seriamente cómo actuar en el segundo caso.
El riesgo de que la guerra encubierta que Europa atribuye a Rusia termine causando víctimas mortales ha llevado a Polonia a plantear una cuestión incómoda para la OTAN: ¿cómo debe responder la Alianza cuando la agresión no adopta la forma de una invasión, sino que se desarrolla mediante sabotajes, operaciones clandestinas o ataques difíciles de atribuir?
Sikorski no anunció que exista un ataque mortal inminente ni presentó un plan militar concreto. Su advertencia apunta a una carencia política: los aliados deben determinar cómo responder ante una escalada que podría situarlos ante la necesidad de actuar con rapidez, pero sin disponer de una interpretación común y automática sobre el alcance de la agresión. La preocupación polaca se enmarca en una sucesión de incidentes que los gobiernos europeos han relacionado con las actividades rusas.
El término «guerra híbrida» engloba actuaciones de distinta naturaleza, desde sabotajes e incendios provocados hasta ciberataques, operaciones de desinformación e incursiones con drones. Su característica común es que pueden perseguir objetivos estratégicos sin llegar a constituir una ofensiva militar convencional.
Polonia conoce de cerca esa vulnerabilidad. En septiembre de 2025, tras la incursión de drones de fabricación rusa en su espacio aéreo, el Gobierno polaco comunicó que se habían registrado 19 violaciones y que aparatos polacos y aliados habían derribado varios de ellos. Las autoridades afirmaron entonces que no parecían haberse desviado accidentalmente de su trayectoria. No hubo heridos y Varsovia activó el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte para celebrar consultas con los aliados. Pero la preocupación no se limita a las fronteras polacas.
En septiembre de 2026, las autoridades europeas debatieron nuevos controles y restricciones después de incidentes de seguridad atribuidos a operaciones rusas, incluido un episodio con un dron en el aeropuerto alemán de Leipzig. La atribución de cada incidente depende de las investigaciones correspondientes: las acusaciones de los gobiernos no deben confundirse con una demostración pública de responsabilidad en todos los casos.
El temor de Varsovia es que una campaña de este tipo provoque finalmente víctimas y obligue a los aliados a decidir si se enfrentan a un acto criminal, una operación encubierta o una agresión que exige una respuesta colectiva.
Y ¿si hay muertos?
La respuesta jurídica es clara en un aspecto: la muerte de una persona en territorio aliado no activa automáticamente el artículo 5 ni obliga por sí sola a iniciar una respuesta militar.
El artículo 5 establece que un ataque armado contra uno o varios miembros en Europa o Norteamérica se considera un ataque contra todos. Los demás aliados deben asistir al país agredido, pero cada Estado adopta las medidas que considera necesarias, incluido, si lo estima oportuno, el empleo de la fuerza armada. La distinción resulta decisiva. No es lo mismo que una operación de sabotaje cause una muerte que demostrar que se ha producido un ataque armado comprendido en el tratado y atribuible a un actor externo. La gravedad, las circunstancias, las pruebas disponibles y la naturaleza de la operación forman parte de la evaluación.
La propia OTAN reconoce que un ataque híbrido puede alcanzar el umbral de un ataque armado. En la declaración de la cumbre de Washington de julio de 2024, los aliados afirmaron que determinadas operaciones híbridas podrían llevar al Consejo del Atlántico Norte a invocar el artículo 5. No obstante, la valoración debe realizarse caso por caso. El tratado tampoco prescribe un procedimiento automático de activación. La OTAN explica que deben concurrir un ataque armado y la petición o consentimiento del aliado afectado para la acción colectiva contemplada en el artículo 5. El país atacado puede solicitar asistencia por otras vías. El artículo 4, por su parte, permite consultas cuando un miembro considera amenazada su seguridad, sin que ello implique necesariamente recurrir a la defensa colectiva.
El precedente histórico es el 11 de septiembre de 2001, cuando la Alianza invocó por primera y única vez el artículo 5 tras los atentados terroristas contra Estados Unidos. Aquel caso demuestra que el mecanismo no está limitado a una invasión convencional, pero no establece que cualquier incidente mortal deba recibir idéntica respuesta.
Qué propone Varsovia
Sikorski ha situado el énfasis inmediato en endurecer la respuesta diplomática y administrativa europea. Entre sus propuestas figuran el cierre de los consulados rusos que continúan operativos en la Unión Europea, una reducción del número de diplomáticos rusos y restricciones a sus desplazamientos. También ha defendido exigir pasaportes biométricos a los ciudadanos rusos que entren en la UE y reducir la concesión de visados turísticos.
El objetivo de estas medidas sería dificultar las actividades clandestinas y limitar las vías de entrada o movimiento que, según las autoridades europeas, pueden aprovechar agentes que operan bajo identidades encubiertas. Se trata de propuestas políticas, no de una decisión militar de la OTAN ni de medidas que deban considerarse aprobadas de manera uniforme por todos los Estados miembros. Varsovia también reclama que los gobiernos europeos identifiquen públicamente a Rusia como responsable cuando las pruebas disponibles permitan sostener esa atribución. Esa exigencia responde a una de las principales dificultades de la guerra híbrida: demostrar quién ordena una operación y distinguir la responsabilidad estatal de la actuación de individuos o intermediarios.
La advertencia de Sikorski plantea un problema de disuasión y credibilidad: si una operación encubierta provoca muertes, los aliados tendrán que evaluar tanto la naturaleza del ataque como las consecuencias de su respuesta. La cuestión que Polonia pone sobre la mesa es si la OTAN puede mantener una defensa colectiva eficaz cuando las agresiones se sitúan deliberadamente en una zona gris entre la actividad clandestina y el conflicto armado. La respuesta dependerá de las pruebas y de las decisiones políticas de los aliados, no de un automatismo jurídico basado exclusivamente en el número de víctimas.
