El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por el chavismo, validó la reelección fraudulenta de Nicolás Maduro
El régimen de Venezuela cierra los tribunales especiales de terrorismo usados para perseguir a los opositores
La medida no elimina el delito de terrorismo ni establece la nulidad automática de las decisiones judiciales dictadas por estos tribunales
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, aún controlado por el chavismo, suprimió la competencia especial en casos de delitos asociados al terrorismo, con jurisdicción nacional, que tenían cuatro tribunales de Caracas, que eran utilizados por el régimen para perseguir a la oposición.
Así lo dispone la Resolución N.° 2026-0010, del 13 de octubre de 2026, firmada por la presidenta del TSJ, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez. La resolución no cancela las causas abiertas actualmente sino que ordena la redistribución de las causas penales hacia tribunales ordinarios de control, conforme a las reglas de competencia por materia, territorio y conexión procesal.
Las actuaciones confidenciales se foliarán en cuaderno separado y sellado, y los expedientes se entregarán de manera personal e inmediata al juez de control ordinario designado por sorteo automatizado. Este asumirá la competencia «en el estado en que se encuentre» la causa y «declarando la continuidad de las medidas acordadas bajo la competencia especial».
La supresión de la competencia especial de los tribunales de terrorismo abre ahora interrogantes sobre el futuro de los expedientes judiciales y las posibilidades de revisión de las decisiones adoptadas durante más de una década de funcionamiento de esta jurisdicción.
Una jurisdicción cuestionada internacionalmente
Los tribunales especializados en terrorismo fueron creados mediante la Resolución N.º 2012-0026 del Tribunal Supremo de Justicia, de octubre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial en enero de 2013. Posteriormente, en 2015, el máximo tribunal amplió y reorganizó esta jurisdicción especial.
Su funcionamiento fue objeto de cuestionamientos por parte de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En un vídeo, el Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas afirmó que con esta decisión «seguimos trabajando firmemente en el fortalecimiento y la optimización de nuestro sistema de justicia».
La decisión judicial se produce en medio del proceso de transición política que atraviesa Venezuela tras los acontecimientos del 3 de enero de 2026.
Estados Unidos mantiene su atención sobre la situación venezolana, en un contexto marcado por las exigencias de liberación de presos políticos, respeto a los derechos humanos, recuperación de las garantías democráticas y restablecimiento del Estado de derecho.