¿Acaso hay otro camino en Venezuela distinto al de los acuerdos?

Probablemente no hay otro ámbito en la historia política reciente de Venezuela, en el que se expresen con tanta elocuencia las enormes complejidades a las que se enfrenta la lucha de los demócratas, que el de los diálogos entre la oposición y el régimen, a lo largo de casi 25 años.

Con el permiso de los lectores consignaré aquí una mínima relación, de los intentos más conocidos y debatidos. A estos cabría sumar un sinnúmero de diligencias que embajadores –especialmente europeos–, parlamentarios de distintos países, amigos del régimen, sacerdotes, académicos y enviados especiales de ciertos gobiernos, han hecho para contribuir a la liberación de presos políticos, para detener la represión y la tortura, para evitar el acoso hacia empresas y empresarios de otros países. Quiero señalar con esto que las jornadas de diálogo conocidas públicamente, constituyen solo el plano más visible, de un torrente de gestiones –la mayoría de las veces infructuosas–, que han intentado, una y otra vez con insistente vocación, aliviar la ferocidad de la dictadura en contra de personas, organizaciones y comunidades.

Antes de que arrancaran las negociaciones en curso, incentivadas y supervisadas directamente por el gobierno de Estados Unidos, en concreto, por su Departamento de Estado, el expediente de intentos previos es abultado. Mencionaré solo algunos de ellos (por cierto, es recomendable buscar –está disponible en YouTube–, la recapitulación que el periodista Unai Amenábar hizo en Unión Radio sobre esta cuestión).

Después de los hechos de abril de 2002 –que recientemente han vuelto al primer plano noticioso como resultado del activismo de familiares de asesinados por el régimen de Hugo Chávez–, el Centro Carter, la Organización de Estados Americanos –OEA- y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimularon la Mesa de Negociación y Acuerdos, cuyos únicos productos tangibles fueron el referéndum revocatorio del 2004 y, como parte de toda aquella escenificación, la evidencia de que el régimen chavista ya se había encaminado hacia el establecimiento de una dictadura, que su determinación hacia el fraude y las trampas eran ilimitadas, y que para los demócratas la lucha sería en lo sucesivo como cruzar un campo minado por la totalidad de las instituciones controladas por ellos.

En el contexto de las protestas reiteradas y masivas ocurridas a partir del 2014, UNASUR y el Vaticano propusieron lo que se conoció como el Diálogo en Miraflores. Ya Nicolás Maduro estaba al frente del gobierno. La oposición asistió representada por la Mesa de la Unidad –MUD–. Esta misma iniciativa volvió a promover unas segundas jornadas en el último trimestre del 2016. En esta segunda oportunidad, el gobierno asumió compromisos relativos a garantías electorales que no cumplió, por lo que obligó a la oposición democrática a retirarse de aquella farsa a comienzos del 2017.

Luego vino el proceso de liderado por el presidente Danilo Medina, quien logró la participación de cancilleres de seis países. Estaban en discusión los mismos asuntos de siempre: garantías electorales, liberación de los presos políticos y reconocimiento de la Asamblea Nacional de 2015, así como una materia de enorme relevancia en aquellos días de extrema carestía, el de la apertura de un canal que facilitara el envío masivo de alimentos y medicamentos a Venezuela, a lo que el régimen se oponía porque ello significaba reconocer la crisis humanitaria que afectaba a millones de familias venezolanas. Como sabemos, en febrero de 2018 el gobierno presentó un acuerdo sin considerar las propuestas de la oposición, con lo cual dinamitó deliberadamente la iniciativa.

En 2019 se puso en marcha la iniciativa del gobierno de Noruega, que luego se mudó de Oslo a Barbados. Arrancó en mayo, pero se acabó en agosto, como respuesta del régimen encabezado por Nicolás Maduro Moros -delincuente ahora detenido en New York-, a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos.

Una vez más, con la insistencia de Noruega y «el acompañamiento» de otros países, se produjeron las reuniones en México, que derivó en la firma del Memorándum de Entendimiento en agosto de 2021. Un hecho que hoy resulta increíble y grotesco es que Maduro suspendió el acuerdo como reacción a la extradición de Alex Saab a Estados Unidos. Cuando se retomaron las reuniones en 2022, para alcanzar la firma del Acuerdo Parcial Social, quedó claro el trasfondo del interés gubernamental: descongelar los fondos venezolanos retenidos por las sanciones, que supuestamente serían invertidos en salud, electricidad y educación.

Pero estos intentos no habían acabado todavía. Vinieron los Acuerdos de Barbados que abrieron el camino para las elecciones presidenciales del 2024, en las que el régimen organizó un fraude –que incluyó la inhabilitación de María Corina Machado–, que dio paso a una escalada de secuestros, detenciones ilegales y persecución a los ciudadanos que participaron en el proceso electoral, en el marco del desconocimiento del triunfo electoral indiscutible de Edmundo González Urrutia.

Estas experiencias, de nulos y torcidos resultados, han conducido a instalar en el seno de la oposición venezolana, una corriente de sistémica sospecha hacia cualquier proceso de negociación –lo cual es ciertamente comprensible–, pero que desconoce dos cuestiones elementales: la primera, que en el escenario se producen cambios significativos que pueden alterar la viabilidad de unos posibles acuerdos, como se ha demostrado una y otra vez, en procesos de transición de otros países; la segunda, es que el proceso actual, protagonizado por Dinorah Figuera –por la oposición democrática–, y Jorge Rodríguez –por el régimen madurista–, es tutelado por Estados Unidos y que, a pesar de que avanza muy lentamente, ya ha conseguido algunos resultados encaminados a la Renovación del Tribunal Supremo de Justicia y la Reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral. Insisto: no a la velocidad que los demócratas quisiéramos.

Por supuesto: la dictadura no quiere que haya acuerdos, porque de ellos apuntan hacia su final. Por lo tanto, concentra sus esfuerzos en retrasar todo cuanto puede los avances de las negociaciones. Pero, en sus empeños, resulta que tiene un muy útil y estratégico aliado: los opositores que odian o rechazan el diálogo y que, aunque no conforman la totalidad de la oposición, tienen un indiscutible poder en la opinión pública.

La cuestión que toca preguntarnos en esta específica coyuntura es: salvo la política de presionar para que las negociaciones en curso avancen de forma más concreta y eficiente, ¿qué opciones tiene la oposición democrática venezolana ahora mismo? ¿Algún otro camino, otra solución? ¿Está movilizada de forma significativa? ¿Está presente en las calles? ¿Se ha organizado para ejercer alguna forma de presión sistemática?

Mientras escribo este artículo, muy temprano la mañana del viernes 16 de octubre, leo las declaraciones que María Corina Machado –que sería indiscutiblemente la candidata de los demócratas en unas elecciones presidenciales– dio a un diario en Panamá, que cabe interpretar como un rompimiento con el plan Trump-Rubio para Venezuela y, asociado a ello, como una denuncia de la red de vetos que han impedido su regreso a Venezuela.

Este nuevo elemento, cuyas consecuencias son muy difíciles de evaluar en estas primeras horas, probablemente tendrán una repercusión negativa en el seno de la oposición: profundizarán la brecha entre quienes defienden que hay que insistir en el diálogo, usando la presión de Estados Unidos para conseguir los mejores avances posibles, y los que se oponen, aunque no dispongan de otro plan u otra estrategia que ofrecer como camino para avanzar hacia la Democracia.