De las narcolanchas a las botas sobre el terreno: Trump amplía su guerra contra los carteles en Hispanoamérica

La cruzada del presidente estadounidense, Donald Trump, contra los cárteles hispanoamericanos ha pasado de los bombardeos contra supuestas narcolanchas a las botas sobre el terreno. Más de un año después del primer ataque letal estadounidense contra una embarcación sospechosa de transportar drogas en el Caribe, Washington prepara una nueva fase de cooperación militar en la región, con cientos de soldados destinados a entrenarse junto a fuerzas aliadas y a prestar apoyo operativo contra redes criminales.

La campaña marítima, que se extendió rápidamente al Pacífico oriental, acumula al menos 70 ataques y más de doscientos muertos. El Gobierno estadounidense enmarca estas operaciones como parte de su lucha contra el narcoterrorismo, pero su eficacia para reducir el tráfico de drogas y la legalidad de los ataques siguen bajo escrutinio.

Fue el 2 de septiembre de 2025 cuando Trump anunció el primer ataque letal de la nueva campaña contra el narcotráfico en el mar Caribe. Según el presidente estadounidense, un misil había destruido una embarcación que transportaba drogas hacia Estados Unidos y matado a once supuestos integrantes del Tren de Aragua, organización a la que vinculó con el entonces presidente venezolano Nicolás Maduro.

«Que esto sirva de advertencia a cualquiera que siquiera esté pensando en introducir drogas en Estados Unidos», escribió Trump en su red, Truth Social. La Casa Blanca no explicó públicamente cómo había identificado a los tripulantes como miembros de la banda ni aportó pruebas que permitieran verificar la acusación.

Just Security, publicación especializada en seguridad y derecho internacional vinculada a la Universidad de Nueva York, contabilizó 71 ataques y 238 muertos o desaparecidos hasta el 4 de octubre.

Para Adrián Bonilla, profesor de FLACSO especializado en multilateralismo y políticas exteriores latinoamericanas, la escalada responde también a un cambio en la concepción estratégica de Washington.

«Estados Unidos ha definido una estrategia hacia América Latina a partir de la última interpretación de la doctrina Monroe, que concibe la región ya no como el patio trasero, sino como una prolongación del propio territorio estadounidense», explica. A su juicio, esta orientación responde a la pérdida de capacidad global de Washington y a su decisión de concentrarse en el hemisferio occidental.

De los cárteles a las organizaciones terroristas

La campaña se apoya en una ampliación de las organizaciones criminales que Washington considera amenazas terroristas. El 20 de febrero de 2025, la Administración Trump designó como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) a ocho grupos, entre ellos el venezolano Tren de Aragua, la salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13) y seis organizaciones mexicanas, como los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. En septiembre incorporó a las ecuatorianas Los Choneros y Los Lobos. Más tarde añadió a otras, entre ellas Los Tiguerones.

La lista estadounidense rozaba las cien organizaciones antes de que Trump asumiera su segundo mandato, pero en lo que va de año la Administración estadounidense ya ha incorporado una veintena de grupos hispanoamericanos. El cambio ha ampliado una categoría tradicionalmente asociada a organizaciones terroristas de motivación política o ideológica para incluir a grupos cuyo objetivo principal es el beneficio económico del crimen organizado, subraya un artículo de la revista estadounidense Reason.

La clasificación FTO permite imponer restricciones financieras y perseguir penalmente el apoyo material a esas organizaciones, pero no constituye por sí misma una autorización para matar a sus presuntos integrantes. La Administración Trump ha invocado la lucha contra el narcoterrorismo para defender los ataques letales como parte de un conflicto armado, una interpretación que expertos en derecho internacional cuestionan.

El Gobierno de Daniel Noboa en Ecuador declaró formalmente en 2024 un «conflicto armado interno» contra 22 organizaciones criminales y este año renovó ese reconocimiento mediante decreto, en el marco de la cooperación con fuerzas extranjeras, según su Cancillería. El país registró la tasa más alta de homicidios de la región en 2025, según el balance de InSight Crime.

Otros países de la región, como El Salvador, Guatemala, Honduras o Perú, han declarado la guerra a las pandillas o al narcotráfico, o han recurrido a estados de excepción para combatir la delincuencia y la extorsión.

Del mar a las operaciones en tierra

El siguiente paso de Washington consiste en ampliar la cooperación militar con los gobiernos de la región. The New York Times informó esta semana de que un batallón de unos 600 soldados de la 10.ª División de Montaña, con base en Fort Drum, Nueva York, había comenzado a desplegarse en el marco de la campaña antidroga.

El plan contempla entrenamiento en Panamá y ejercicios con fuerzas locales en Colombia y Honduras. Algunos efectivos podrían apoyar a unidades de Operaciones Especiales que asesoran a uniformados aliados en operaciones contra presuntos narcotraficantes.

La cooperación militar entre Estados Unidos y los países hispanoamericanos tiene una larga trayectoria. Sin embargo, el reciente despliegue en una instalación de entrenamiento selvática en Panamá ha reavivado las inquietudes sobre la soberanía regional y el alcance que podría adquirir la intervención estadounidense. La Embajada de Estados Unidos en Panamá rebajó la cifra de uniformados en el país a 120 y aclaró que participaban en un ejercicio temporal.

Bonilla distingue esta situación de las intervenciones de décadas anteriores. «Lo que tenemos son gobiernos de origen civil, a diferencia de los que hubo, por ejemplo, en las décadas de 1970 y 1980 en América Latina». En su mayoría, añade, han llegado al poder mediante elecciones competitivas, aunque con distintos grados de libertad y dificultades.

La legitimidad electoral contribuye a explicar la aceptación social del despliegue militar

La legitimidad electoral contribuye a explicar la aceptación social del despliegue militar. «El uso de los militares para labores policiales, que es lo que está ocurriendo, es algo que la población generalmente no rechaza y que, eventualmente, acepta», señala.

Y es que el avance de los modelos de mano dura, como el de Nayib Bukele en El Salvador, responde también a una demanda de seguridad que, a su juicio, las fuerzas de centroizquierda no han logrado traducir en propuestas que vayan más allá de la retórica.

Ecuador, el laboratorio de la nueva fase

Ecuador permite observar cómo la estrategia se traduce en operaciones concretas. La cooperación con Estados Unidos se extendió a acciones conjuntas en territorio ecuatoriano en marzo de 2026.

El especialista ecuatoriano en crimen organizado transnacional Renato Rivera cuestiona que los ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Pacífico hayan tenido un efecto disuasorio medible sobre el narcotráfico.

En una conversación con Organized Crime Dispatch, la plataforma de análisis de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), afirmó que «no existen pruebas claras de que estos efectos disuasorios hayan modificado de manera significativa las rutas del narcotráfico en el océano Pacífico».

Rivera habló de ocho botes ecuatorianos hundidos en el Pacífico entre finales de agosto y septiembre de 2026 y añadió que «no ha habido procedimientos judiciales o indicios claros que demuestren que los pescadores interceptados en el océano Pacífico estuvieran cometiendo crímenes».

El especialista advierte de que los ataques no parecen haber reducido la oferta de drogas ni sus precios en los mercados ilícitos. Incluso podrían «incentivar a los grupos criminales a diversificar sus rutas y, en algunos casos, incrementar el valor económico de estos mecanismos de tráfico».

Ecuador se ha convertido en un punto clave para el tránsito de cocaína desde Colombia y Perú hacia Estados Unidos y Europa. En ese escenario operan unas 42 redes criminales ecuatorianas, según Rivera. Entre ellas figuran Los Choneros, durante años el grupo más poderoso del país, y Los Lobos y Los Tiguerones, que crecieron en medio de la fragmentación y las disputas entre bandas. Sus actividades incluyen también extorsión, minería ilegal y tráfico de armas.

Si antes podían reconocerse alianzas transnacionales más estables, como la del cártel mexicano de Sinaloa con Los Choneros, hoy las organizaciones «tienden a trabajar con quien les ofrezca la mejor oportunidad». Las conexiones entre bandas locales y cárteles extranjeros son, por tanto, cada vez más difíciles de identificar, justo cuando la cooperación entre Washington y Quito se extiende del mar al territorio ecuatoriano.

El resultado bajo sospecha

La cuestión es si destruir embarcaciones y matar a sus ocupantes reduce el tráfico de drogas. Rivera no encuentra pruebas concluyentes de que los ataques hayan alterado sustancialmente las rutas del Pacífico o reducido la disponibilidad de cocaína en los mercados consumidores.

Bonilla apunta a un problema recurrente en este tipo de operaciones. «El hundimiento de las lanchas puede alterar los flujos de narcóticos», pero, como ocurrió con medidas anteriores, «esto supuso simplemente que se desvíen hacia otras partes». La literatura especializada denomina a este fenómeno «efecto globo».

EE.UU. busca combatir el narcotráfico por tierra, mar y aire en el marco de una estrategia hemisférica. Esta expansión de la presencia militar contrasta con el anuncio que acaba de hacer Trump de que no tiene planes de desplegar tropas terrestres en Irán, su otro gran frente bélico.