Banderas europeas en Bruselas
La UE prepara ya su ampliación pero ¿puede un país del tamaño de Cantabria bloquear a todo el continente?
Ursula Von der Leyen abogó este lunes por eliminar el derecho a veto de los países en las decisiones europeas, algo que, una vez más, divide a los Estados miembros
«Una Unión más grande debe seguir siendo una Unión que pueda actuar. No podemos permitirnos ser más lentos», afirmó este lunes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen en la apertura del II Foro de la Ampliación.
Hacía referencia, la presidenta de la Comisión Europea, a la obligatoriedad que existe en estos momentos de que los Veintisiete países estén de acuerdo para que los candidatos a entrar en la Unión Europea avancen en el proceso de adhesión.
El Gobierno comunitario ya planteó el pasado mes de octubre que, para agilizar esa adhesión de los candidatos, se podía aprovechar un cambio que prevé el Tratado de la Unión y, en vez de ser obligatoria la unanimidad, que bastara con una mayoría cualificada. Esto es, que baste con que se pongan de acuerdo 17 países que representen al menos al 65 % de la población europea.
Pero estas pretensiones van más allá. Porque la obligatoriedad de unanimidad no alcanza solo al proceso de adhesión de los países candidatos, sino a todas las decisiones importantes que toma la Unión Europea como la Política Exterior o la Fiscalidad. En total, alrededor del 80 % de las decisiones que se toman en la Unión Europea requieren la unanimidad de los Veintisiete y cualquiera de ellos, aunque sea uno solo, tiene el derecho a veto que paraliza la decisión.
Así, por ejemplo, el Gobierno húngaro de Viktor Orbán mantuvo durante meses bloqueado el préstamo de 90.000 millones de euros que se aprobó para Ucrania hace casi un año. Sólo la derrota de Orbán en las elecciones húngaras que tuvieron lugar en abril y la llegada del Gobierno de Magyar, más europeísta, ha desbloqueado ese préstamo y, este mismo lunes, se concedieron otros 8.000 millones de euros para el país que dirige Zelenski.
En la misma situación, y más llamativo incluso, son los nuevos impuestos sobre el tabaco que la semana pasada pretendían aprobar los ministros de Economía de la Unión Europea. Veintiséis países aceptaban subir el impuesto mínimo para los cigarrillos y otros productos derivados del tabaco. Sin embargo, el Gobierno de Malta aplicó el veto a esta medida aduciendo que los impuestos mínimos son demasiado elevados para las tasas que aplica en estos momentos el país mediterráneo.
Es decir, Malta, un país de apenas 550.000 habitantes, menos incluso que los que tiene una de las regiones más pequeñas de España como es Cantabria, paraliza una medida en la que están de acuerdo los otros veintiséis países que representan a una población de 451.500.000 personas.
Y ante la próxima ampliación de la Unión Europea, prevista para 2028, casi seguro con Albania y Montenegro y ya se verá si con Ucrania y Moldavia, este temor se incrementa ya que los países candidatos son también pequeños y salvo Ucrania, ninguno supera los 2,5 millones de habitantes. Incluso Montenegro tan solo llega a los 625.000 habitantes.
El pasado mes de mayo, nada más caer el gobierno húngaro de Viktor Orban, que había bloqueado el préstamo a Ucrania, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, fue el primero en plantear la posibilidad de que se eliminase la unanimidad en la toma de decisiones o, lo que es lo mismo, el derecho de veto.
«Se trata de hacer que la UE sea capaz de actuar en ámbitos en los que actualmente tiene que permanecer estancada», consideraba el ministro alemán.
En septiembre, 11 países, entre ellos España, Alemania o Francia, los más grandes excepto Italia, enviaron una carta a la Alta Representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, en la que le pedían eliminar el derecho de veto en la Política Exterior y pasar a una mayoría cualificada.
«La capacidad de la Unión para defender sus valores e intereses depende de si puede movilizar con rapidez y eficacia su peso político, económico y diplomático colectivo», defendían estos países.
Sin embargo, por razones obvias, los países pequeños se oponen a la eliminación del derecho a veto. Consideran que es la mejor forma de que sean escuchados, se les tenga en cuenta y puedan negociar de tú a tú con las grandes potencias.
Y, claro, para eliminar el derecho a veto, como en el 80 % de las decisiones que se toman en Bruselas, haría falta una unanimidad favorable, cosa, a día de hoy, imposible con una Unión Europea totalmente dividida en esta cuestión como en tantas otras.