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En España, la videovigilancia policial y el uso de datos para identificar rostros están sujetos a reglas y garantías muy estrictas

Espacios públicos

Detenido por parecerte a otro: la amenaza de los errores del reconocimiento facial

La advertencia británica sobre errores del reconocimiento facial devuelve la polémica a una tecnología capaz de señalar a inocentes. En España, grabar una calle e identificar automáticamente a quienes pasan por allí son operaciones distintas

Una cámara puede captar un rostro y un programa señalarlo como el de una persona buscada. Entre ambos pasos existe un margen de error que puede tener consecuencias policiales. El regulador británico de supervisión policial ha advertido del riesgo de detenciones injustificadas y de un impacto desproporcionado sobre minorías étnicas, mientras Reino Unido amplía estas herramientas.

La cuestión también afecta a España, aunque aquí conviene separar dos operaciones. Por un lado, grabar lo que sucede en un espacio público y, por otro, utilizar esas imágenes para identificar automáticamente a una persona. La autorización de una cámara no elimina las exigencias del tratamiento biométrico. La videovigilancia policial y el uso de datos para identificar rostros están sujetos a reglas y garantías muy estrictas.

¿Coincidencia o identidad?

El reconocimiento facial compara características de un rostro con las almacenadas en una base de datos. No es lo mismo verificar que alguien es quien dice ser, mediante una comparación individual, que buscar su identidad entre muchas personas. Este segundo procedimiento, conocido como identificación «uno contra muchos», es especialmente relevante en el ámbito policial.

El falso positivo aparece cuando el programa considera que dos imágenes de personas distintas corresponden al mismo individuo. No significa que haya descubierto un delito, significa que se ha producido una coincidencia equivocada. El error contrario, el falso negativo, sucede cuando no reconoce a una persona que sí figura en la base consultada.

Por eso, anunciar una elevada «tasa de acierto» no resuelve todas las dudas. Hay que saber qué tarea se ha evaluado, sobre qué imágenes y cómo se distribuyen los errores. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, el NIST, subraya que el rendimiento depende del algoritmo, de su aplicación y de los datos utilizados.

Un ejemplo: si un sistema generase una alerta falsa por cada 10.000 personas ajenas a una lista y analizase a 100.000, cabría esperar unas diez alertas erróneas. Si hubiera pocos individuos buscados, esas equivocaciones podrían representar una parte importante de todos los avisos.

Si un sistema generase una alerta falsa por cada 10.000 personas ajenas a una lista y analizase a 100.000, cabría esperar unas diez alertas erróneas

Tampoco basta con un promedio. En otro estudio del NIST se encontraron diferencias demográficas en la mayoría de los algoritmos examinados, aunque no en todos ni con la misma intensidad. Unos resultados que muestran por qué es necesario evaluar cada herramienta y evitar generalizaciones.

La normativa española

La Ley Orgánica 4/1997 regula las videocámaras policiales en lugares públicos y exige proporcionalidad, idoneidad e intervención mínima. Para las instalaciones fijas de las fuerzas estatales y locales prevé autorización del delegado del Gobierno, previo informe de una comisión presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, sin perjuicio del régimen autonómico aplicable.

La ley protege especialmente el interior de las viviendas y las conversaciones estrictamente privadas

La ley protege especialmente el interior de las viviendas y las conversaciones estrictamente privadas. Además, establece la destrucción de las grabaciones en un máximo de un mes, salvo supuestos como su relación con determinadas infracciones, investigaciones policiales o procedimientos abiertos.

Cuando esas imágenes se tratan para identificar de manera unívoca a alguien, entra en juego la protección de los datos biométricos. La Ley Orgánica 7/2021, específica para tratamientos con fines policiales y penales, exige que su utilización sea estrictamente necesaria y esté acompañada de garantías adecuadas. No basta con invocar genéricamente la utilidad de la tecnología.

Los límites en Europa

El Reglamento europeo de Inteligencia Artificial establece, además, una prohibición general de la identificación biométrica remota en tiempo real en espacios de acceso público con fines policiales, con muy pocas excepciones. Entre ellas figuran determinadas búsquedas de víctimas y desaparecidos, amenazas graves y la localización de sospechosos de ciertos delitos.

La legislación española prohíbe, como regla general, las decisiones basadas únicamente en tratamientos automatizados que produzcan efectos jurídicos negativos o afecten significativamente al interesado, salvo autorización legal. La coincidencia informática debe distinguirse de la identidad acreditada ya que de esa diferencia depende que una herramienta de investigación no convierta un error técnico en una actuación injustificada.

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