El coste moral del Estado de bienestar

Recuerdo hace unos años una conversación con un amigo americano que me dejó pensando. Me contó que, en su ciudad, el departamento de bomberos se quedó sin dinero para un camión. Lo que hicieron fue una colecta. Los dos o tres vecinos con más recursos pusieron la mayor parte y el resto contribuyó con lo que pudo, y compraron el camión. Me lo soltó sin darle mayor importancia, como algo perfectamente normal. Y yo pensé: en España eso es impensable. Si viéramos a nuestros bomberos con equipamiento obsoleto, ninguno abriríamos la cartera. Eso es cosa del Estado.

El modelo de sociedad que hemos construido nos ha llevado a tener el reflejo de siempre esperar algo del Estado. Se ve hasta en lo cotidiano, en lo pequeño. Ves a un mendigo en tu calle y le das una moneda, pero en algún lugar de tu cabeza aparece el pensamiento: ¿y servicios sociales? Ves que el parque de tu barrio está hecho una pena y piensas: que lo arregle el Ayuntamiento. Y si el colegio público de tus hijos necesita una biblioteca, a nadie se le ocurre organizarse con otros padres para hacer una colecta. No. Escribes a la Consejería a quejarte y punto. Hemos cogido el hábito de esperar a que venga un programa público a arreglar las cosas, como si nuestra única obligación haya quedado relegada a observar y reprochar.

No deja de ser lógico. Vivimos bajo un Estado de bienestar que pagamos entre todos con gran esfuerzo. Y, claro, tras décadas pagando y delegando en el Estado para que se ocupe de todo, pues nosotros dejamos de preocuparnos. Si pagas una cuota de gimnasio, no te montas el tuyo en casa.

La idea original del Estado del bienestar tiene su razón de ser. Una red de seguridad para el que no puede pagarse la sanidad, para el que se ha quedado sin trabajo, para el dependiente que no puede valerse solo... Eso no solo está bien; es necesario y justo. Ninguna sociedad decente abandona al que no puede.

Pero eso no es lo que tenemos. Lo que tenemos es un sistema total, obligatorio y uniforme, impuesto al 100 % de la población, la necesite o no, que lo gestiona todo, lo decide todo y lo resuelve todo, en cada vez más parcelas de nuestra vida. Y vivir dentro de ese sistema durante décadas tiene un coste. No económico, que también, sino un coste moral, que es el que menos se discute.

Empecemos por lo más personal. El Estado del bienestar, en su versión más expansiva, te entrena para esperar. Te enseña, desde pequeño, que los problemas tienen solución estatal. Que para cada necesidad hay un programa, una prestación, una ventanilla. Y ese entrenamiento, repetido durante años, acaba cambiándote. Dejas de preguntarte cómo resolver las cosas y empiezas a preguntarte a quién reclamarlas. Dejas de sentirte responsable de tu vida y empiezas a sentirte acreedor de ella. Alguien te debe algo, porque tú no eres culpable de lo que te pase, ni mucho menos de arreglar tus asuntos.

Y lo que se rompe en ti acaba rompiéndose también entre tú y los demás. La caridad, antes de que el Estado la profesionalizara, era una relación. Tú ibas. Tú dabas. Mirabas a los ojos a quien necesitaba ayuda. Eso te comprometía, te cambiaba, te conectaba con algo más grande que tú mismo. Ahora el Estado te retiene una parte de lo que ganas, tú nunca llegas a ver ese dinero, y él decide a quién se lo da y en qué condiciones. No te compromete con nadie. Es una transferencia y, como toda transferencia, es fría, impersonal, y te deja la conciencia tranquila sin haber hecho mucho. ¿Por qué vas a molestarte en ayudar a tu vecino si el gobierno tiene un programa para eso? ¿Por qué vas a preocuparte por la pobreza de tu barrio si ya pagas impuestos para que alguien más lo gestione? Hemos subcontratado la compasión, la caridad, la pertenencia, la responsabilidad.

De esa ruptura entre personas nace, inevitablemente, la ruptura de la comunidad. Cuando nadie se siente responsable de nadie porque ya hay un ministerio encargado de serlo, el tejido social se afloja. Las redes de apoyo que durante siglos sostuvieron a los barrios, a las comunidades - las familias, la Iglesia, las asociaciones, los gremios, la simple vecindad- se atrofian porque ya hacen menos falta, y además no tenemos capacidad de financiarlas. El Estado ha ocupado ese espacio. Y esas redes no eran solo funcionales; eran el lugar donde se aprendía a vivir con otros, a ceder, a comprometerse, a pertenecer a algo más allá de uno mismo.

Hay que cambiar el enfoque. Hay que dejar de preguntar cómo mejoramos el Estado para pasar a cuestionar si somos capaces de devolver el Estado a su función original: un garante de nuestros derechos y libertades, una red de seguridad real para el que de verdad la necesita, y un gestor eficaz de algunos asuntos comunes.

Si controlamos y limitamos el Estado, habrá más comunidad, más sociedad civil, más interés por el prójimo. Es hora de que arrinconemos al Estado en el lugar que merece, y volvamos a reclamar nuestra iniciativa personal y social.