Un gobierno de rentistas
Cuanto más intervenga el Estado –esto es, los ladrones con impunidad garantizada– en repartos y costes del suelo, más endemoniadamente turbio se irá haciendo ese mercado. Y más imposible la vida: sobre todo, la de los más jóvenes. Y ya lo es mucho.
Pancarta en Sol: «O caen los rentistas o cae el gobierno».
El gobierno. Breve enumeración de rentas patrimoniales:
–Pedro Sánchez (presidente, junto a su esposa Begoña Gómez (procesada). Ocho propiedades inmobiliarias: seis viviendas y dos plazas de garaje.
–María Jesús Montero, exvicepresidente y exministra de Hacienda: tres viviendas y un local.
–Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación: cuatro viviendas.
–Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes: tres viviendas.
–Óscar Puente, ministro (es un decir) de transportes (es otro decir) y de movilidad sostenible (ni decirlo). Seis inmuebles: cuatro viviendas y dos plazas de garaje.
–Óscar López, ministro de la cosa digital: cuatro muy poco virtuales inmuebles.
–Pilar Alegría exministra de educación (eso dicen): dos viviendas y un apartamento.
–Isabel Rodríguez, ministra justamente de vivienda y agenda urbana. Siete propiedades inmobiliarias: tres viviendas, dos plazas de garaje y dos trasteros.
–Yolanda Díaz, superferolítica y concienciadísima ministra de Trabajo y vicepresidente. Dos inmuebles: una vivienda y un despacho.
–Y, seamos justos, hay dos ministros, dos, que declaran no poseer propiedad inmobiliaria alguna: Diana Morant y José Manuel Albares. Quede constancia de su honorable rareza.
–En cuanto a las oscuras propiedades del condenado Ábalos, ¿es necesario hablar de guarrerías?
Pancarta actualizada en Sol. Propuesta: «O caen los gobernantes o cae el gobierno». Ellos sabrán.
No es delito ser rentista inmobiliario. Para ninguno de ellos. Tantos currantes españoles se sacrificaron para adquirir los inmuebles con los que contaban, de cara a complementar en su día, alquilándolos, su insuficiente jubilación, que explicar que eso es legítimo –e incluso meritorio como forma de ahorro– da vergüenza. Seguiría no siendo un delito, aun cuando alguno de tales habitáculos hubiera sido adquirido con dinero familiar de origen más o menos obsceno. Así es la vida. En una familia te puede tocar de todo. Proxenetas, también. No es delito ser pariente de gente mala. Punto.
Pero, si no es delito para el presidente del gobierno y para un buen puñado de ministros –de altos funcionarios y de diputados de todos los partidos, ya ni hablo–, ¿habría de serlo para propietarios privados, ya sean individuales, ya sean societarios? Parece difícil legislar el modo de expropiar a un ciudadano de a pie sin simultáneamente hacerlo a más de medio gobierno. Y Dios sabe a qué porcentaje de los diputados del parlamento y el Senado. A no ser que se legisle con nombre y apellidos. Lo cual, como cualquiera en su sano juicio sabe, no es legislar. La universalidad es el principio fundante de la ley en las sociedades modernas.
La vivienda es un problema grave en España. Empezó a serlo cuando, en los inicios de la Transición –hace ya casi medio siglo–, los partidos entendieron que la única financiación posible era, en el primer peldaño, la sustracción del suelo edificable al mercado y su tutela bajo las autoridades políticas locales. Lo del 2 %, que tanto escandalizó en el parlamento autónomo de Cataluña, era la norma universal que todo constructor te narraba entonces –y supongo que te sigue narrando– como el razonable apaño pagado para recalificar terrenos no edificables. No hubo un solo partido con representación que no se llevase su parte alícuota de eso. Es el pecado original, a partir de cuyo modelo se fue tejiendo la infinitamente más compleja trama de corrupción cuyos aspectos más visibles nos golpean ahora.
El aumento del coste para producir una mercancía sólo puede compensarse con un aumento de su precio. Fue lo que, de inmediato, sucedió. Si alguien compara el precio de la vivienda a inicio de los años ochenta con el de hoy, tal vez no sobreviva al susto. Puede engañarse a sí mismo quien así lo quiera: cada cual tiene el consuelo que se merece. Pero nada ni nadie retraerá esos precios a cifras asequibles, mientras la escasez de suelo edificable siga imponiendo costes sobredimensionados. Y, cuanto más intervenga el Estado –esto es, los ladrones con impunidad garantizada– en repartos y costes del suelo, más endemoniadamente turbio se irá haciendo ese mercado. Y más imposible la vida: sobre todo, la de los más jóvenes. Y ya lo es mucho.