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Carmen es una malvada rentista de 88 años, con pinta de buitre rentista, que acaba de recuperar un pisito en Moratalaz en el que ha vivido durante 36 meses sin pagar el vulnerable que Dios le puso por delante para probar la dimensión de su corazón. Y suspendió el examen, según el dictamen del Sindicato de Inquilines y también, por tener una segunda opinión, de Aliades Sin Fronteres, la sección inclusiva del vanguardista movimiento.

Ella alegó ante el juez que su inquilino desahuciado tenía de vulnerable lo que ella de miembro de la selección rusa de gimnasia rítmica e intentó presentar algunas pruebas al respecto: cobraba el Ingreso Mínimo Vital, disponía de tres furgonetas con las que hacía ñapas sin factura, no constaba que hubiera buscado empleo regulado ni en el SEPE ni en ninguna agencia de colocación y vivía con su esposa, aunque técnicamente pesaba sobre él una orden de alejamiento por violencia de género con la que ella lograba un subsidio compensatorio a añadir a las ayudas recibidas por criar en soledad a dos churumbeles.

Carmen tenía una pensión de 1.000 euros con la que pagaba su plaza en una residencia y completaba sus ingresos con el alquiler de la vivienda donde permaneció toda la vida con su Manolo y vio crecer a sus tres hijos, Manuel, María y Santiago, hoy ya mozos y con trabajos que les permitían vivir sin excesos pero sin carencias.

El juez, tras un largo proceso, ordenó el desalojo y el pago de todas las mensualidades atrasadas y de las facturas de agua y luz abonadas durante ese tiempo al vulnerable, de nombre Gerardo, que tardó en recoger las citaciones judiciales por encontrarse de vacaciones en Gandía cuando le fueron comunicadas, alegando luego que necesitaba del sol y la sal marina para tratar su dermatitis e intentar reparar su matrimonio dándole una nueva oportunidad al amor con las brisas del Mediterráneo.

A pesar de que el Sindicato de Inquilines trató de evitar el desalojo y de que incluso Ada Colau intentó personarse sin éxito al confundirse de dirección y acabar frente al ático alquilado por cuatro duros por Sabiniano Gómez a Muface en pleno centro de Madrid; la sentencia de una juez fascista probablemente hermanada con la magistrada extremeña Biedma fue tajante: se va usted a la mierda, engañe a su padre y se mete toda la sal del litoral levantino por donde le quepa.

No todos los casos son como los de nuestra ficticia Carmen ni todos los vulnerables son como nuestro inventado Gerardo, pero en todos los casos hay una coincidencia: el gobierno neocomunista ha prescindido en su delirante intentona de procurar alimentos en todas las mesas por el procedimiento de expropiarle los filetes al carnicero. Se traslada al propietario de un piso las obligaciones sociales de Pedro Sánchez, que bate récord de recaudación fiscal con los impuestos más altos de la historia y puede financiar planes de movilidad inclusivos en Filipinas, pero no le ha dado para construir alguna vivienda social para los más desfavorecidos.

Lo bueno del asunto es que hasta los más incautos ya sabrán cuál es la respuesta del zángano de La Mareta cuando vienen curvas y él se ha tirado ocho años en la tumbona, la cloaca, la cátedra y la oficina de artes escénicas: decretar un corralito, presentar al propietario como una alimaña y al caradura como una víctima e intentar que haya palos en las calles para que nadie se acuerde de sus múltiples fracasos y escándalos y de que olvidemos que él mismo es un okupa dispuesto a evitar al precio que sea que las urnas le desahucien.