Democracia de fachada

El caso de Begoña Gómez no es el relato de un nombre propio; es el síntoma de una metástasis institucional. Lo que los tribunales decidan será derecho, pero lo que la ciudadanía percibe es política pura: una fisura estructural donde los intereses académicos, empresariales y políticos convergen en una «zona gris» que apesta a privilegio.

La universidad pública, asfixiada financieramente, se ha convertido en el escenario de una función peligrosa. Al abrir sus puertas a cátedras y convenios bajo sospecha, ha pasado de ser un templo del saber a un tablero de influencias. No hace falta que haya delito para que haya erosión; basta con que la transparencia sea una aspiración lejana y el favor una práctica cotidiana para que la legitimidad se evapore.

El espectáculo judicial no ayuda. Cuando un juez instructor y la Audiencia Provincial se enzarzan en discrepancias técnicas, el proceso deja de ser un mecanismo de justicia para convertirse en un campo de batalla ideológico. Vivimos en una democracia de reglas elásticas: chicle para unos, acero para otros. Y una democracia con reglas de geometría variable no cae de golpe; se vacía por dentro.

El verdadero peligro no es el escándalo, sino ese silencio que se traga la credibilidad de lo público. Al final del día, lo que se nos escapa por el sumidero no es la carrera de una figura pública, sino la convicción de que las reglas del juego solo sirven para justificar el marcador de los de siempre.