Y ahora, Navarra para Otegi
Sánchez está destrozando España para comprarse una Presidencia desde la que opera como cómplice necesario de los enemigos de la convivencia
A nadie puede sorprenderle el respaldo del PSOE a Bildu para que, de manera tan legal como artera y vergonzosa, consiga la Alcaldía de Pamplona que no logró en las urnas, donde los ciudadanos concedieron una abrumadora mayoría a los partidos aparentemente constitucionalistas, entre los cuales no figura ya el de Pedro Sánchez.
Y no sorprende porque Sánchez no sería presidente del Gobierno sin el respaldo de Otegi y tampoco gobernaría en Navarra sin la formación heredera de Batasuna, histórico brazo político de ETA: no es un acuerdo derivado de la afinidad y del consenso en un proyecto en común; sino del prosaico peaje que ha de abonar el líder del PSOE para mantenerse en su cargo.
Es otra de las insoportables facturas que un deplorable dirigente político, sin otra hoja de ruta que su propia supervivencia, ha aceptado abonar, en contra de los intereses de España, de las obligaciones del cargo, del sentido común y de los deseos de los propios ciudadanos.
Sánchez paga con algo que no está en venta, la estabilidad constitucional de España, para satisfacer un deseo estrictamente individual. Lo ha hecho con Puigdemont, asumiendo la legalización de sus comportamientos y objetivos ilegales y la humillante fiscalización de todo ello en reuniones siniestras en Suiza, con la tutela de verificadores internacionales.
Lo ha hecho con ERC y el PNV, aceptando la ruptura de la unidad fiscal y económica entre españoles y blanqueando su apuesta por la ruptura. Y lo está haciendo con Bildu, que a todos los abusos de los partidos independentistas le añade una relación directa con el terrorismo, al que nunca ha condenado de manera clara, rotunda e incondicional.
Sánchez, en definitiva, ha elevado a categoría de derecho razonable todos los objetivos de partidos minoritarios, convirtiéndose en su mejor herramienta para alcanzarlos: ataca a la Justicia para anular la respuesta del Estado de derecho; adapta a la fuerza la legislación para atender las exigencias de sus aliados; levanta muros para impedir la alternativa y aislar a la ciudadanía descontenta y somete a todas las instituciones a un debilitamiento obsceno para que declinen en su función.
Entregar ahora Pamplona, y con ello a toda Navarra, al desvarío que encarna Bildu, alimenta otro incendio constitucional de proporciones desconocidas. Supone, nada menos, abrir la puerta a la futura anexión de la Comunidad Foral al País Vasco, tras someterla a un indecoroso proceso de inmersión abertzale que incluye la marginación de la Guardia Civil, la implantación artificial del euskera y la imposición general del relato, la simbología y el universo batasuno en una comunidad clave para entender la propia historia de España.
Ninguna Presidencia puede lograrse, ni mantenerse, al precio de desmontar el país que se dice representar y dirigir. Y mucho menos en nombre de una convivencia simplemente inexistente: Sánchez no ha pacificado nada en Cataluña, Navarra o el País Vasco, donde ha rendido la Constitución con bochornoso seguidismo. Todo lo contrario.
Y además ha logrado incendiar a una sociedad española que siempre estuvo amenazada por el separatismo, pero nunca como ahora por el propio Gobierno. Es imposible empeorar el balance de un político sin parecido en Occidente: el único que aceptar degradar su propio país si, gracias a ello, él puede seguir al frente.
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