La degradación absoluta del Tribunal Constitucional

El deterioro del prestigio del Tribunal Constitucional, ya galopante, se inició cuando Pedro Sánchez decidió convertirlo, sin ningún pudor, en una mera extensión de La Moncloa, con el evidente objetivo de dar apariencia de legalidad a los múltiples abusos que necesita cometer para mantener estable su Gobierno.

Llenar el Alto Tribunal de exministros y asesores personales y poner al frente a Cándido Conde Pumpido, que ya dio sobradas pruebas de su estricta obediencia al PSOE cuando fue fiscal general del Estado con Zapatero, fue una declaración de intenciones exhibida en público con insólito desparpajo.

Y quien pudiera tener dudas de ello, pudo aclararlas bien pronto: desde el primer momento, el Constitucional se ha dedicado o bien a refrendar leyes infames como la del aborto o a mirar para otro lado ante otras como la de amnistía, evitando hacer siquiera leves gestos que permitan confiar en su independencia cuando llegue el momento.

El corolario de esta decrepitud puede llegar bien pronto si, como todo indica, se dedica a revocar la sentencia firme contra la exconsejera y exministra andaluza Magdalena Álvarez, condenada por su participación en el escandaloso caso de los ERE en Andalucía, con toda probabilidad la mayor trama corrupta que nunca ha habido en España.

Pedro Sánchez, en persona, ya la indultó en un reciente mitin, presentándola como otra víctima iniciática del fango con el que pretende también explicar, sin ningún decoro, los problemas judiciales de su esposa, de su hermano y, al fin y al cabo, de él mismo.

Y tras ese mensaje se adivina una invitación, cuando no una orden, a que el Tribunal Constitucional la exonere de todos sus excesos y la convierta, efectivamente, en una víctima inocente de las conspiraciones políticas y judiciales que padece el PSOE.

La degradación de las instituciones que perpetra Sánchez, fruto de sus urgencias y codicia, es bien conocida: el Congreso, la Fiscalía General, el CIS o el ente público RTVE se han transformado en burdos anexos a Ferraz, obviando su condición de pilares del Estado y aceptando su reconversión en herramientas partidistas sin complejos.

Pero metamorfosear a la fuerza al Tribunal Constitucional en una instancia de apelación, incompatible con su naturaleza y función, supera todos los límites y presagia un ataque sin precedentes al Estado de derecho.

Porque si ahora se comporta como una especie de abogado defensor de una corrupta como Álvarez, mañana será bien capaz de blanquear los previsibles excesos que Sánchez puede necesitar legalizar para sobrevivir en su cargo. Por ejemplo, cómo no temerlo, un referéndum de independencia impuesto por los socios de un presidente desesperado.