La infame violencia contra Vox

Vox sufre agresiones violentas desde su irrupción en el mapa político español, con una frecuencia que en los últimos días se ha disparado: el propio líder del partido lo padeció en Cataluña y en el País Vasco, y antes que él otros cargos o militantes del partido en distintos puntos de España, con especial intensidad en las regiones asaltadas por el independentismo.

También en Madrid vimos escenas similares, con apedreamientos en Vallecas de los intervinientes en un mitin de un partido que, como la derecha en su conjunto, arrasa sistemáticamente en los barrios tildados de «obreros» que, en realidad, se alejan de las demagógicas propuestas de partidos cuyas políticas no han dejado de empobrecerles y hacer sus vidas más inseguras.

Si los ataques son condenables, mucho más lo es la pasividad del Gobierno y de los partidos de izquierdas, tan prestos a inventarse delitos de odio a la menor ocasión y tan renuentes a actuar cuando el odio de verdad prende en la parte de la sociedad más intolerante.

Porque nunca hemos visto que nadie del PSOE, y no digamos de sus socios radicales, repudie la violencia contra un partido perfectamente constitucional, como si de algún modo se lo mereciera. Tampoco se recuerdan mensajes de solidaridad con los dirigentes de otras formaciones como el PP y en su día Ciudadanos, víctimas de actos violentos sin ningún repudio por quienes luego llegan a llamar «violencia política» a la mera crítica.

En las últimas horas, además de Abascal, Isabel Díaz Ayuso ha sido violentada en un acto institucional con el lanzamiento de bombas fétidas, sin que los mismos que montan maratones televisivos por una pintada en una sede del PSOE hayan considerado necesario sancionarlo. Y quien no lo hace, más allá de distancias ideológicas, lo avala o incluso lo impulsa.

Y el responsable final de todo ello es Pedro Sánchez en persona, como autor material de la estrategia de polarización con la que pretende esconder sus miserias y transformar la política española en una trinchera: fue él quien tomó posesión apelando a la necesidad de «levantar un muro» para dividir a España en dos y quien, desde la indigencia política y moral, considera que la época presente se resume en una lucha inexistente entre el progresismo que él encarna y la célebre «Internacional Ultraderechista», el fatuo invento retórico desde el que perpetra su inane frentismo.

Alimentar un ecosistema violento, criminalizar a la disidencia, ignorar los episodios violentos y magnificar otros residuales para elevar a categoría general la anécdota residual y transformar a los rivales en enemigos es responsabilidad, absoluta, del líder socialista.

Un dirigente zafio y sin principios capaz de convertir el juicio a su esposa por corrupción, con todas las garantías procesales de un Estado de Derecho, en una oscura conspiración de sus adversarios más siniestros y, a la vez, de ignorar o minimizar la violencia objetiva que se sufre en España por pensar distinto.

No se puede ser demócrata y no ponerse al lado de Vox y de cualquiera que pague un precio por sus ideas legítimas. Y no se puede pasar por alto el incipiente clima que propicia estos reiterados episodios de persecución a manos de radicales que, desgraciadamente, se sienten amparados desde una trinchera política cada vez más antisistema y peligrosa.