en primera línea Juan Van-Halen

La cuadratura del círculo

El proyecto de Constitución de aquella primera experiencia republicana señalaba en su artículo 1º: «Componen la Nación Española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia, Regiones Vascongadas». Y así salió el experimento

La cuadratura del círculo es uno de los problemas más recurrentes y populares de la matemática desde tiempos remotos. Busca construir un cuadrado con similar área que un círculo; algo así como la rectificación de la circunferencia. Desde el Papiro Rhind, del escriba Ahmes, hacia 1700 a. C. en tiempos del faraón Amenemhat III, hasta las investigaciones de Von Lindemann que en 1882 demostró que el problema era irresoluble, numerosos sabios han perseguido esta quimera a través de los siglos: Tales de Mileto, Pitágoras y los pitagóricos, Anaxágoras, Hipócrates, Arquímedes, Hipias de Ëlide, Franco de Lieja, Kues, Wallis, Leibniz, Descartes, Euler, Lambert, Legendre, Liouville, Hilbert, entre otros. Mi amplia referencia atiende a que el problema se considera irresoluble no precisamente por falta de investigación.

Pedro Sánchez, nuestro hiperactivo presidente, aspira a conseguir su cuadratura del círculo. Obviamente no reconoce la mayoría de los nombres que cito más arriba. No pasará a la historia por una investigación matemática; se conforma -en sus propias palabras- con algo tan facilón como mover de lugar un cadáver. Pero es un resistente -se autodefine así en un libro que le escribió alguien que goza desde entonces cargos y sueldos públicos- y es pertinaz en lo que persigue. Se ha propuesto una cuadratura del círculo político que, aunque él pueda no considerarlo así le resultará irresoluble. Es muy amplia la opinión de que anhela desterrar la Transición, cambiar el sistema, mudar la piel de la Constitución llevándose por delante la Monarquía parlamentaria y, en definitiva, ser el fundador de una España que no reconoceríamos ni en la más negra pesadilla.

El resultado de lo que en su día el exministro de Justicia Juan Carlos Campo anunció en sede parlamentaria como «periodo constituyente» sería un conjunto de semiestados federados que a cualquier amante de la Historia le recordará el galimatías de la Primera República con las fragatas Almansa y Victoria entrando en Almería y Alicante para robar el Banco de España en nombre del cantón de Cartagena, Valencia bombardeada, Galicia dispuesta a constituirse en nación independiente bajo el protectorado de Inglaterra, Jaén amenazando guerra con Granada, y tantas locuras más.

La Segunda República llegó desde la anormalidad de unas elecciones municipales perdidas en el conjunto de España y fue un desastre, y el proyecto de Constitución de aquella primera experiencia republicana señalaba en su artículo 1º: «Componen la Nación Española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia, Regiones Vascongadas». Y así salió el experimento. Cuando se intenta en política la cuadratura del círculo la irresponsabilidad tiene un principio pero su final no está escrito.

Nuestra Constitución, la primera consensuada de nuestra atribulada historia constitucional, señala en sus artículos 166, 167, 168 y 169 el método de su reforma. Es complejo para no hacerlo fácil: mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, posterior referéndum, y en el caso de afectar a ciertos Títulos como al preliminar, al I o al II se precisará, tras la aprobación por mayoría de dos tercios en cada Cámara y a la disolución de las Cortes, la ratificación de las Cámaras elegidas también por mayoría de dos tercios, y posterior nuevo referéndum

El referéndum que contempla el artículo 92 de la Constitución «en decisiones políticas de especial transcendencia», «consultivo de todos los ciudadanos», podría interpretarlo un Tribunal Constitucional amasado convenientemente por Conde-Pumpido, el de las togas manchadas por el polvo del camino, si contase con mayoría suficiente, para autorizar el referéndum que desean los golpistas catalanes y cayendo en un fraude de ley clamoroso porque no cumpliría el requisito de que opinasen «todos los ciudadanos», pero ese apaño sería imposible en la reforma constitucional. ¿Quedan otras vías? Claro. Siempre la ilegalidad encuentra vías. Podemos, hoy en el gobierno por la voluntad exclusiva de Sánchez pese a que le quitase el sueño, ha repetido desde hace años que habría que emplear una fórmula rupturista. Como creen desde Lenin que los deseos políticos están por encima de las leyes sueñan con un cambio constitucional a las bravas.

En ese último supuesto habría que atender directamente a las fórmulas que la propia Constitución establece para la defensa. El artículo 8, Título Preliminar, es clarísimo y atribuye como misión a las Fuerzas Armadas «garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional», misiones que hay que relacionar inmediatamente con el artículo 56 del Título II, De la Corona: «El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia» y con el artículo 62, sobre las funciones del Rey, del mismo Título, en su apartado h) al atribuir al Rey el «mando supremo de las Fuerzas Armadas».

Ese papel del Rey está lejos de ser un mensaje anual de Navidad o una oportuna intervención televisiva tras un golpe de Estado ilegal y de opereta. Es algo infinitamente más serio.

Celebro coincidir en algunas de estas reflexiones con dos personas a las que admiro. Fernando Suárez, catedrático, protagonista de un discurso memorable defendiendo la Ley de Reforma Política en la Transición y estimable sonetista secreto, y el general (r) Rafael Dávila, analista político, escritor, y autor de libros fundamentales sobre materia de Defensa, como el último «El nuevo arte de la guerra». Las coincidencias me llevan a pensar que no debo estar demasiado errado.