Ceuta: responsabilidad de todos

El 31 de julio el presidente del Gobierno calificó -con tino- la entrada en Ceuta de unos 80.000 marroquíes como una grave violación del Derecho Internacional («Lo que ha sucedido en Ceuta es un ataque a la integridad territorial de España»). Al día siguiente, el 1 de agosto, el ministro del Interior dijo lo mismo («Ceuta ha sufrido un ataque que supone una seria violación de la integridad territorial de España»). Días después dos ministros del gobierno marroquí reiteraron de forma pública las reivindicaciones de Marruecos sobre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla.

Ante un ataque a la integridad territorial de España y por tanto a su soberanía diplomáticos y militares tienen una responsabilidad esencial. La integridad territorial de España se defiende o restaura, claro está, de modo diferente: los militares con la disuasión y con la defensa; los diplomáticos con la negociación y la persuasión.

Cuando una nación sufre un ataque a su integridad territorial y por tanto a su soberanía la práctica internacional incluye medidas legítimas antes de usar la fuerza militar. Estas van desde la presentación de una nota verbal de protesta al país agresor hasta la ruptura de relaciones diplomáticas. Y entre ambas, la convocatoria al embajador del país extranjero, la llamada a consultas del embajador propio, la suspensión de visitas y reuniones oficiales, ciertas medidas de retorsión económicas, comerciales y de extranjería (retrasos en la expediciones de visados o suspensiones de estas), la declaración de persona non grata o la ruptura de relaciones diplomáticas.

Todas estas medidas y otras muchas están a disposición del Gobierno al que la Constitución atribuye la dirección de la política exterior. Y dentro del gobierno el ministro de Asuntos Exteriores planea, decide y ejecuta la política exterior basándose en los consejos de los funcionarios del Ministerio.

Este mandato constitucional no exime al diplomático de su deber moral y legal de asesorar con rigor y sin temor a las consecuencias personales, pensando tan solo en el interés de España. Ante una vulneración de nuestras fronteras los diplomáticos (embajadores, directores y subdirectores generales y asesores) tienen la obligación legal de diseñar propuestas rigurosas y poner sobre la mesa del ministro todos los recursos disponibles en la práctica internacional para restaurar y proteger la dignidad de España.

Una vez que el diplomático ha cumplido con su obligación de proponer medidas posibles y la mejor línea de acción, el ministro puede tomar otra decisión desestimando las propuestas. Y el diplomático debe acatar la orden superior y cumplirla. Es claro que el diplomático, como cualquier funcionario, no puede ir por libre. Sin embargo ese acatamiento tiene un límite: su conciencia y el interés superior de España. Cuando considere que la decisión del Ministro daña gravemente a España, puede dimitir o pedir el relevo del cargo de confianza. Ello no es un acto de deslealtad; al contrario. Al retirarse, el diplomático preserva la autoridad del Gobierno para aplicar su política, pero evita convertirse en ejecutor de una línea de acción (o inacción) que juzga lesiva para la nación. La verdadera lealtad al Estado consiste en proponer con valentía, acatar con disciplina y, si la decencia lo exige, irse a tiempo.

O sea emular al duque de Ahumada cuando le dijo a Narváez «esa orden la adoptará mi sucesor». No sea que a las duras nos digan como a Boabdil: «llora como mujer lo que no has sabido defender como hombre».