La justicia social en Ceuta

En Ceuta los comunistas usan el concepto de justicia social como un talismán. El marxismo cultural funciona así: con la economía, la miseria, la emigración y con las desigualdades de todo tipo. Se ha apropiado de una expresión que sirve como argumento imbatible en cualquier discusión. Podría resumirse de la siguiente manera: todos somos corresponsables de todos y, por tanto, estamos obligados legalmente siempre —ocurra donde ocurra y sin importar las causas ni los culpables— a resolver cualquier tipo de diferencia económica y de desequilibrio que se encuentre a nuestro alrededor o más allá de nuestras fronteras.

Al tratarse la justicia social de un término lleno de ambigüedad, conviene diseccionar con nitidez qué es en realidad, ya que también lo usa gente con buena intención. Por una parte, en España hasta ahora y si el sanchismo no consigue reventarla, opera la justicia legal. Esta se guía en su proceder por grandes principios como la libertad, el deber y el bien común. Se encarga de evaluar, entre otras muchas cosas, hasta qué punto una persona o una entidad es causante de una determinada acción y las implicaciones que eso tiene en ámbitos como el patrimonio, la familia o el trabajo. En la práctica, influye en temas como la emigración, la libertad de expresión, la libertad religiosa, etc. Este marco de garantías jurídicas es uno de los grandes pilares organizativos de Occidente. El nuestro, en concreto, bebe directamente del derecho romano, la filosofía griega y la tradición cristiana.

La vigencia de este tipo de justicia, que no es como tal la justicia social, es clave para salvaguardar la paz dentro y fuera de una nación. Su método exige aportar pruebas, evidencias, indicios y testimonios. Resuelve, por medio de sentencias y dictámenes, conflictos entre derechos y deberes personales o grupales. Es fundamental, como se decía, para alcanzar la concordia o para restablecerla si se había quebrado. También en lo que concierne a las relaciones internacionales es insustituible, ya que, como recordaba Benito Juárez, la paz entre naciones descansa en el respeto al derecho ajeno.

No obstante, cuando se invoca la justicia social, se habla de algo distinto. Se confunde con el igualitarismo marxista o también, a veces sin malicia como se decía, con la caridad cristiana. El escenario de Ceuta es un gran ejemplo de ello. Es verdad que la caridad abarca a todo el género humano, pero su necesario ejercicio no anula nunca ni sustituye al ordenamiento jurídico ni a la necesidad, como sentenciaba Ulpiano, de dar a cada uno lo que le corresponde.

Entre la gente que accedió a finales de julio a nuestro país hay un grupo todavía desconocido de delincuentes, pero con toda seguridad también llegaron buenas personas buscando una vida mejor. Pues bien, aunque todos hubieran sido de este segundo tipo –cosa completamente irreal–, legalmente los españoles no tendríamos por qué asumir su bienestar en mayor o menor medida que el de cualquier otro ciudadano del mundo. Por eso no nos corresponde a nosotros, y mucho menos a los ceutíes en solitario, como está sucediendo, cargar con una llamada «justicia social del migrante», como si la situación nos hubiera tocado por los azares del destino, nos tuviésemos que aguantar y el resto de la comunidad internacional fuera un mero espectador sin nada que decir o hacer al respecto, como si la caridad pudiera anular la justicia.

Ningún español puede ser clasificado como fascista o insolidario porque defienda que los niños, sean de donde sean, tengan que estar con sus padres. Nadie tiene derecho a alterar o perturbar la tranquilidad de un lugar cuando esa sociedad no es causante de las penurias de otros. Si esas personas están en esa situación y esos menores se encuentran solos y desamparados –cosa que clama a la caridad, que a todos nos apela, y también al sufrimiento de los ceutíes–, que se halle cuanto antes a los verdaderos artífices de este drama para que se hagan cargo. Así deben operar el derecho y el sentido común.

En todo caso, si Marruecos se desentendió del orden legal, se tendría que actuar para que el causante último, o al menos el inmediato anterior, ese país, asumiera el problema. Y si las leyes no permiten eso, como parece que sucede, pues señores, habrá que cambiarlas, porque la caridad se vacía de todo sentido, se hace sensiblera y por ello ineficaz, siempre que el ordenamiento legal es injusto.