Se acabó la respiración asistida

La disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre es la crónica de una muerte parlamentaria anunciada. Durante tres años Pedro Sánchez ha sobrevivido con la respiración asistida que le han suministrado partidos con los que no comparte proyecto político, económico ni nacional. Ocho partidos que le han mantenido en el poder sólo para cobrarle un caro peaje a cambio de no votar una moción de censura que lo sacara de la Moncloa. Y como su único objetivo político ha sido su permanencia en el poder, les ha dado todo lo que le han pedido.

Ha llegado incluso a lavar de sangre las manos de los etarras y de sus sucesores. Eso es lo que hizo el delegado del Gobierno en Madrid en junio de 2023 cuando llamó a los miembros de Bildu, «supuestos enemigos de España» que «han hecho más por España que los patrioteros de pulsera». Es difícil encontrar en los últimos 50 años mayor alarde de cinismo del miembro de un partido al que ETA le asesinó a hombres como Ernest Lluch, Fernando Múgica, Fernando Buesa o Juan Mari Jáuregui.

Todo acabó cuando Junts decidió desconectar el tubo respiratorio y el día 3 tumbó los dos reales decretos-ley sobre vivienda. Desprovisto de aire parlamentario y condenado a diez meses de asfixia, Sánchez decidió el lunes convocar elecciones, a las que comparece con un balance demoledor en sus políticas sociales.

España es el país de la UE con un paro que dobla la media europea, aunque su economía es la que más crece, prueba evidente de que la riqueza que se crea no llega a los sectores más débiles de la sociedad por la nula política redistributiva del gobierno de Pedro Sánchez. Hay más datos que lo confirman. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) hizo públicas hace unos meses unas cifras demoledoras. Los contratos temporales representan el 58,13% de la contratación laboral; en La Vanguardia de hace unos meses se publicó que hay 2,3 millones de niños y adolescentes ‘en riesgo de pobreza’, de los que 867.000 sufren ‘carencia material severa’; y la empresa demoscópica 40dB publicaba en Cinco Días que «el sentimiento económico de los españoles se deteriora y roza el pesimismo, pese a las buenas noticias macro».

Con este balance social comparece Pedro Sánchez a las elecciones. Naturalmente, mira hacia otro lado y trata de utilizar su política de vivienda con los dos reales decretos-ley invalidados el día 3 como principal reclamo. Pero es un mal banderín de enganche porque la vivienda ha sido un problema inexistente para él y su gobierno, y no ha tenido ni un solo proyecto de construcción y promoción de viviendas en ocho años. Y la gente lo sabe.

Ahora, en un ejemplo de cinismo político, trata de presentarse como el defensor de los que padecen las consecuencias de su nula política de vivienda; como si él nada tuviera que ver con el problema que les angustia. Por lo que se ve, la culpa y responsabilidad de todo la tiene la derecha, que lleva ocho años en la oposición.

Los hechos demuestran que Pedro Sánchez nunca ha puesto en marcha un plan de construcción y promoción de viviendas porque en los tres Presupuestos que consiguió aprobar en ocho años nunca incluyó una partida para hacerlo. Y lo que es más grave, cuando no pudo aprobarlos y decidió seguir en el poder sin convocar elecciones prorrogando los anteriores, sabía que condenaba a los españoles sin vivienda a abandonar toda esperanza de tenerla, porque en los prorrogados no había partidas y no podía aprobar unos nuevos en los que incluirlas. Cada año sin Presupuestos condenaba a millones de españoles a no tener una vivienda, pero él se aseguraba seguir en la vivienda del palacio de la Moncloa.

Incapaz de presentar en sus años de gobierno unos proyectos de ley con tramitación normal para hacer frente con un presupuesto a este problema, ahora trata de congraciarse con los perjudicados por su inacción improvisando dos reales decreto-ley, que no se ajustan a la Constitución. El artículo 86 justifica estas normas sólo «en caso de extraordinaria y urgente necesidad». ¿Alguien cree que para Sánchez es urgente y extraordinario un problema que padecen los españoles al menos desde hace ocho años, con 222.000 desahucios y algunos suicidios sin que este gobierno haya movido un dedo en ese tiempo?

Y, además, ha recurrido a una argucia legal de más que dudosa constitucionalidad, al presentar a la Diputación Permanente del Congreso, donde tiene mayoría, la aprobación de los dos reales decretos-ley que rechazó el pleno. Hasta tal punto hay un claro indicio de fraude de ley que El País –nada sospechoso de afinidad con la oposición– se preguntaba el día 5: «¿Es constitucional aprobar los decretos de vivienda tras la disolución de las Cortes?». Y la constitucionalista Ana Carmona lo calificaba en ese periódico de «trilerismo institucional».

Lastrado por su gestión, trata ahora desesperadamente de sacar de la abstención al votante socialista avergonzado por los escándalos de corrupción. Y para conseguirlo se agarra a los dos reales decretos-ley como a un clavo ardiendo presentándolos como una solución, cuando solo son un parche de última hora. No pretende salvar la vivienda, pretende que la vivienda salve a la izquierda en las elecciones.

Su problema es que los clavos que arden acaban abrasando a quien se agarra a ellos.