Algunas reformas urgentes

El leader del PP nos promete reformas. Me parece que podrá plantearlas antes de que pasen los dos años que le quedan a esta nefasta legislatura, digan lo que digan unos y otros. Porque la lógica judicial no admite otra cosa y porque un presidente del Gobierno que tiene encausado, ante toda España (y el resto del mundo), a su segundo de a bordo y, al parecer, pronto también a su tercero «negociador», además de tener procesada a su mujer y ya en juicio oral a su hermano, y todavía más, ahora también bajo sospecha a su cuñado Gómez, un político en estas circunstancias no puede seguir en el cargo, ni mucho menos agotar la legislatura. Decir lo contrario es dar pábulo a una suerte de institucionalización de la anormalidad un tanto determinista y bochornosa, inasumible, que no se puede consentir, porque es dar carnaza al adversario político quien, con estos «argumentos», empieza ya a creerse públicamente sus propias mentiras y a entender que tampoco hubo sedición en el famoso proceso catalán, soslayando que si no la hubo fue porque se cambió el código penal, sobre la marcha, para que no la hubiera. Y esto también se llama corrupción de la peor, la institucional.

¿Qué reformas? Hay algunas que serían imprescindibles para una convivencia social sana y en paz. Primero, es necesario derogar la ley de amnistía, porque el Código Penal no puede dejar de aplicarse a quienes tengan una determinada posición, por su mera opinión política, como tampoco caben las presunciones legales de culpabilidad por razón de género masculino, en ambos casos, en claro agravio comparativo con el resto de los sometidos a la ley penal. Además, debería reimplantarse el tipo delictivo de sedición para proteger la unidad del Reino de España. Segundo, hay que derogar la legislación de memoria democrática, porque en un Estado de derecho no se puede imponer una verdad oficial (por ley) y menos, después de una guerra civil de recuerdo tan doloroso, aunque resulte conveniente no olvidar, sin dejar de perdonar. Tercero, el derecho a vivir de todos exige derogar la ley de plazos del aborto. Porque, si el derecho a vivir existe y es el fundamento de todos los demás derechos y libertades, es una contradicción insalvable que la ley –sin excepción despenalizadora alguna– lo someta arbitrariamente a plazo, lo cual supone la máxima incoherencia legislativa. Como también contradice ese derecho a vivir de todos que, quienes no tengan todavía plena capacidad de obrar puedan disponer de la vida ajena y/o de la propia (también, decidiendo cirugías invasivas de su misma identidad vital), o ya en plenas facultades, se permita legalmente disponer del término natural de la vida, a modo de suicidio o de suicidio asistido, llamándolo eutanasia.

Cuarto, en el terreno del Derecho civil, en las relaciones entre particulares (regidas por el Derecho necesario), resulta desolador que la legislación civil española haga referencia a una mentira evidente, cambiando los términos de marido y mujer, por los de progenitor a y b, para incluir a las personas del mismo sexo en la institución matrimonial, cuando éstas no pueden ser progenitores de nadie en común, por definición. Por ello, hay que derogar esa mentira palmaria y llevar, en su caso, la asociación de personas del mismo sexo que pretendan convivir a otro tipo de contrato. En este mismo ámbito, debería prohibirse la adopción de menores a quienes no estén casados, porque la adopción pretende otorgar al adoptado una familia, con referencia paterna y materna, en principio. Además, habría que prohibir la maternidad subrogada, porque ello desnaturaliza a las personas, convirtiéndolas en productos de mercado, falsea su identidad y supone una explotación inmoral para las gestantes.

Quinto, en el ámbito que es propio del Derecho público (de las relaciones entre los poderes públicos y quienes están sujetos a ellos), habría que fortalecer la trasparencia en los procesos electorales (limitando y supervisando el papel del Ministerio del Interior y exigiendo la publicación en los boletines provinciales de las correspondientes actas electorales, sin perjuicio de su remisión a la Junta Electoral Central). Por otra parte, habría que asegurar la independencia judicial (mediante un sistema único de acceso a la carrera judicial, suprimiendo los jueces sustitutos, regulando mejor y de forma más objetiva los terceros y cuartos turnos (para el acceso excepcional a la categoría de jueces y magistrados, respectivamente), y previendo un incremento de plazas, ajustado a las necesidades judiciales. También habría que establecer una composición del Consejo General del Poder Judicial, al margen de la pugna política entre partidos. Además, habría que regular el estatuto fiscal de nuevo, para imponer al Ministerio público mejores garantías de independencia y responsabilidad, en su función de defensa de la legalidad. Por su parte, el Tribunal Constitucional (TC) tendría que ser modificado (lo cual exigiría promover una reforma constitucional no agravada), para que dejara de conocer los recursos de amparo (que pasarían al Tribunal Supremo -TS), hoy desnaturalizados y en contra de la propia Constitución, en la medida en que estos recursos están notablemente restringidos en su admisión y, por tanto, no cumplen su función constitucional, proporcionando un pretexto nefando para revisar las decisiones judiciales del TS, condenatorias de políticos del mismo palo que la mayoría del TC, lo que deja en manos de este Tribunal una falsa casación indirecta, por motivos estrictamente políticos, al servicio del que manda (tal y como ya se ha visto y pueda volver a verse pronto, de lo contrario).

Sexto, en cuanto a la Administración pública, empieza a ser urgente fortalecer la profesionalidad e independencia de los funcionarios públicos de carrera, que actualmente viven sometidos a procesos de evaluación directamente dependientes de los cargos políticos, y con poca o ninguna legitimidad, ni trasparencia. Asimismo, la gestión de la sanidad y la educación podría plantearse como estrategia nacional, que garantizarse la igualdad sustancial de oportunidades a todos los administrados, mediante un pacto de Estado, a través de legislación de armonización que centralizara estas competencias a nivel nacional, regulándolas y dotándolas presupuestariamente por igual, dejando su gestión en cada comunidad autónoma, sujeta a la alta inspección estatal.

Por último, es de esperar que el PP afronte la política nacional e internacional para resolver problemas reales, no para causarlos, y sin conservar por sistema los errores ajenos anteriores, desde la honradez y con altura de miras, además de escucha y diálogo sinceros. El valor se le supone.

Isabel María de los Mozos y Touya es profesora titular de Derecho Administrativo en la UVA