Historia de un escándalo

La expansión de las energías renovables en los últimos años ha tenido aspectos muy positivos, como la mejora de una tecnología que sería muy deseable que contribuyera en el futuro al autoabastecimiento de España, y otros que han resultado extraordinariamente negativos, como fue la locura de las primas a renovables durante la etapa de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que supuso una ruina para nuestro país, al que le siguen cayendo sentencias contrarias de cientos de millones de euros en las cortes de arbitraje internacional e, incluso, le han embargado bienes en diferentes partes del mundo por esta razón. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha producido un fenómeno muy preocupante como es el de la construcción de parques de energía fotovoltaica en terrenos de un gran valor agrícola y ecológico, lo que ha levantado grandes protestas en Andalucía. Este tipo de construcciones cuentan con tal grado de apoyo gubernamental en España que se están soslayando hasta las más mínimas garantías, tanto de las personas afectadas por las expropiaciones como por los informes de impacto medioambiental preceptivos.

Mientras en Italia el Gobierno Meloni ha prohibido erigir este tipo de instalaciones en terrenos agrícolas, en España las campañas para crear estos campos se están produciendo en algunas de las tierras agrícolas más ricas de nuestro país. No se pueden implantar en secarrales, en baldíos, en zonas semidesérticas, que tanto abundan en España, sino en algunas de las tierras más ricas desde un punto de vista agrícola de nuestro país.

La función social de muchos de los cultivos que se están viendo perjudicados es clara: en muchos pueblos del sur de España la actividad laboral ligada al olivo, muy principalmente, pero también a naranjos, y a otros cultivos, mantiene vivos los pueblos de la España rural. El personal necesario para mantener las instalaciones fotovoltaicas es muy escaso, de modo que no se puede ni plantear que puedan sustituir la función social de esos cultivos. Y todo ello sin tener en cuenta el peso del olivar en la cultura española; difícilmente podremos encontrar un tótem más importante en toda Andalucía. Sin el bosque de olivos que va desde las estribaciones de Almería hasta Granada, Jaén y Ciudad Real, la desertización de España sería mucho más grave.

Históricamente, los informes de impacto medioambiental han detenido proyectos muy relevantes en toda España; en la propia provincia de Córdoba aún recordamos que impidió en los años de Zapatero la transformación de la N432 en una autovía, que aún seguimos esperando, para proteger a los linces en la zona de Espiel. Desde entonces se siguen acumulando los muertos en una carretera que necesita ese desdoblamiento, seis fallecidos en lo que llevamos de 2025. Que para realizar una infraestructura básica, reclamada desde hace décadas por todos los ayuntamientos de la zona, por todos los grupos políticos, hayan resultado una barrera infranqueable los informes de impacto medioambiental, y que para destruir zonas de alto valor ecológico, donde anidan especies únicas como ha demostrado la plataforma contraria a las plantas fotovoltaicas de Lopera, no sea necesario apenas nada, da una idea del apoyo político con el que cuentan las plantas fotovoltaicas en España. Los informes de impacto ambiental han sido reducidos, por ley, a la mínima expresión: el artículo 7 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, y el artículo 23 del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, establecen una manera más sencilla y directa que las dos evaluaciones ambientales comunes hasta entonces, la ordinaria y la simplificada, con una tercera que consiste en la autorización de ciertos proyectos de generación de energías renovables a través de procedimientos simplificados de urgencia por razones de interés público que la justifiquen con el fin de reducir la dependencia energética, contener los precios y garantizar el suministro; con esta fórmula se omite el trámite de información pública en el que se presentaban alegaciones, se evalúa el proyecto en base a los documentos que elabora el propio promotor, permitiendo con ello menor control y protección, y permite el silencio administrativo positivo en diez días por parte del órgano autonómico con competencia en medio ambiente; esto está resultando un coladero por el que se están autorizando proyectos absolutamente inaceptables.

Los paneles de las plantas fotovoltaicas contienen elementos altamente contaminantes, y dado que los paneles se encuentran expuestos a los elementos, desde el granizo hasta el viento y el agua, las posibilidades de que los paneles contaminen el suelo agrícola son muy altas. Si tenemos en cuenta que se están situando muchas de estas plantas en las cercanías de cauces de ríos, como sucede en Huertas Bajas, en Cabra, o en Villa del Río, la situación puede terminar siendo muy grave por la contaminación de acuíferos.

El deseo de agilizar la construcción de plantas fotovoltaicas ha conducido a la aprobación de toda una serie de normas que liquidan toda la legislación de defensa del medioambiente en España para los proyectos de este tipo de energía, y va a provocar unos daños en el medioambiente absolutamente irreparables. No se producirá con nuestro silencio, daremos la batalla por el campo español por todos nuestros medios, frente a un gobierno autodenominado ecologista, que ha provocado ya los peores perjuicios a nuestro campo.

José Ramírez del Río es diputado nacional de Vox por Córdoba