Los ministros del tirano

Según el Diccionario de la RAE, tirano es quien obtiene contra Derecho el gobierno de un Estado, especialmente, si lo rige sin justicia y a medida de su voluntad. Es decir, quien llega al poder tramposamente, además de ejercerlo de forma injusta y arbitraria, al margen de la ley y, por eso mismo, cuestionando las decisiones judiciales que deben declarar el derecho, precisamente, en aplicación de la ley. Al tirano le sobra la ley y también el Poder Judicial, porque está dispuesto a permanecer en el poder a toda costa, diga lo que diga el legislador y a pesar de los límites legales que deban declarar los jueces en aplicación de la ley, porque tales límites son para él una inmisión judicial en su propio ejercicio del poder, por tanto, supuesta y pretendidamente, lawfare.

El tirano es incompatible con nuestra Constitución vigente, que proclama el Reino de España, como Estado social y democrático de Derecho. Pero, en su relato pretendidamente gubernamental, para el tirano actual, lo importante es la democracia, degradada a mera cuestión numérica, al margen del Derecho, como si ésta consistiera exclusivamente en obtener una mayoría parlamentaria, real o sólo aparente, a como dé lugar –incluso, mediante delito de cohecho, es decir, comprando votos residuales a unos y otros enemigos de España, a cambio de entregarles el suelo patrio en girones… Sin embargo, la democracia consiste esencialmente en el control del gobierno por la oposición y en la rendición de cuentas de quien mande, sin cuyas oportunas explicaciones, no hay democracia posible, sólo autocracia, nada más, disfrazada de democracia –o no. Porque ésta, al igual que la libertad, se ejerce a diario o no es. Por eso, hay que ganarla día a día.

La oposición, en el ejercicio legítimo de su función, ha convocado a las correspondientes comisiones del Senado a los tres ministros concernidos por el asalto desde Marruecos a la ciudad autónoma de Ceuta, que tuvo lugar el pasado 30 de julio de este año 2026. Grande-Marlaska no ha comparecido. La ministra Robles ha dicho que no le da tiempo a preparar la comparecencia, demostrando que tiene que «consensuar» su discurso, lo cual revela muy poca dignidad en su propio cargo y ninguna autenticidad. Tampoco Albares comparecerá próximamente, sin justificación alguna… Los ministros del tirano son sólo esbirros, la voz de su amo (del «puto amo»), carecen de entidad propia, son verdaderas marionetas de un presidente desaprensivo e infame.

Al parecer, el Senado volverá a convocar al ministro del Interior y, en su caso, a los demás. Y no está de más advertir que, en dichas convocatorias, será necesario el correspondiente apercibimiento de que, de no comparecer sin causa justificada y voluntariamente, quedarán incursos en el tipo delictivo descrito por el art. 502.1 del Código Penal, que constituye un delito de desobediencia, agravado por el cargo público que ostentan, lo cual supone una pena adicional de suspensión del cargo durante un tiempo, entre 6 meses y 2 años. Es cierto que invocar este delito por parte de la oposición comportaría la solicitud del suplicatorio, necesariamente, para levantar la inmunidad parlamentaria a tales ministros y que puedan ser investigados por el Tribunal Supremo, debido a su aforamiento, en su caso…

Y dada la proximidad habitual al Código Penal del tirano –y de buena parte de su familia (por consanguinidad y por afinidad)–, como okupa de La Moncloa –a lo que debe añadirse su condición de okupa de La Mareta (sin que se haya producido aún su lanzamiento, por la usurpación flagrante y clara de esta finca del Patrimonio Nacional de Lanzarote)–, dadas estas circunstancias, los ministros del tirano –concernidos por el asalto a Ceuta– no tienen nada que decir en la Cámara Alta y tampoco temen incurrir en ningún delito, porque, si no se le imputa ninguno a su señorito, ellos se consideran impunes. Aunque sólo sean inmunes, y esa inmunidad pueda levantarse con un suplicatorio favorable… Podría ser una opción razonable que la oposición optase por esta vía, como ensayo general…, aunque perdiese. Porque así podría dejarse constancia mediática, en el seno de la Unión Europea, de cómo se las gasta este gobierno y de cuál es el verdadero problema del Reino de España, su deriva autoritaria (y no faltan quienes la han experimentado ya, desde el asalto al poder…). Así, los políticos de la Unión podrían dejar de invocar falsamente que el presidente del Gobierno ha recibido el apoyo de los españoles, en unas elecciones generales que, en realidad, perdió y no ganó…

Mientras tanto, es un «suma y sigue» del disparate institucional y jurídico. Porque, en concreto, la política relativa a los menas (menores no acompañados que cruzan nuestras fronteras), consistente en la imposición de su reparto por toda la geografía nacional –aunque, sólo entre las comunidades autónomas gobernadas por la oposición, curiosamente–, de la que ahora dicen renegar, responde a una regulación inconstitucional, que sólo podría haberse establecido por una Ley orgánica y que el gobierno ha eludido mediante otro inconsistente Real Decreto-Ley. Y ello porque ni siquiera es materia que admita esa disposición extraordinaria del Gobierno con fuerza de ley, con arreglo art. 86.1 de la Constitución (CE). De modo que sería mejor que nadie diga que hay que cumplir la ley, para referirse a esa imposición arbitraria y absurda, porque no hay tal ley, sólo un apatusco normativo irregular, tramposo y disparatado.

Y puestos a demostrar la condición de tirano del «One», su evidencia ésta en una Orden Ministerial, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del domingo 9 de agosto (de este año 2026), para restablecer los controles marítimos y aéreos en frontera, con respecto a los viajeros que procedan de la República de Italia, singularmente, en contra del Tratado del Espacio Schengen y como represalia a las críticas de Meloni sobre la política exterior española, junto con las medidas dirigidas a controlar a los viajeros procedentes de España que crucen las fronteras italianas, con razón, teniendo en cuanta que entre la marabunta de Ceuta tienen que haberse colado yihadistas…

Esa orden, para empezar, se publica en el BOE de un domingo (lo cual ya es más que raro, porque los domingos no hay BOE, generalmente). Pero la chapuza continúa, porque la Orden del Ministerio del Interior es del 7 de agosto, aunque establece que tendrá una eficacia temporal, desde las 00.00 horas del día 8 de agosto, un día antes de su publicación en el BOE. De modo que, adiós a la publicidad de las normas (art.9.3 CE), lo que vale es la voluntad del tirano… ¡Tirano por un día, por lo menos!... El problema es que, a este paso, si no se promueve la acción de la justicia tantas veces como sea necesario, el tirano se entronizará, literalmente… ¿De verdad, estamos dispuestos a consentirlo? Además, esta tiranía nos sale muy cara, porque tampoco rige ya la legalidad presupuestaria, al no haber presupuestos generales en toda la legislatura, lo cual impide formalmente invocar la malversación de caudales públicos…. Al revés que Meloni, ella sí que paga de su bolsillo sus vacaciones privadas… «No paramos de mejorar».