España sola frente a Marruecos

Cerca de 80.000 personas cruzaron la frontera entre Ceuta y Marruecos, el pasado día 30 de julio, en una crisis comparable a una nueva Marcha Verde. La actitud de los agentes marroquíes, facilitando el acceso de camiones cargados de personas a la zona fronteriza, abriendo los pasos hacia territorio español y golpeando a quienes trataban de regresar a Marruecos, muestra que se ha tratado de un ataque híbrido de Rabat contra la soberanía española. Más allá de lo sucedido, la crisis ha vuelto a situar las aspiraciones marroquíes en el centro del debate, obligando al Gobierno de la nación y a la comunidad internacional a posicionarse ante el mayor desafío a la integridad territorial desde la crisis del islote de Perejil.

España afronta esta crisis desde una posición de extrema vulnerabilidad, no solo por no haber sido capaz de preservar la integridad de sus fronteras, sino también por la fragilidad de un gobierno debilitado tanto en el plano nacional como en el internacional.

La falta de apoyos parlamentarios y los procedimientos judiciales que afectan al entorno del presidente Sánchez han deteriorado la imagen de un gobierno que, ante esta situación, debería proyectar unidad, ejemplaridad y determinación. Sin embargo, la gestión de la crisis de Ceuta ha evidenciado precisamente lo contrario. La entrada masiva de inmigrantes, la vulneración de la frontera, la persistencia de la inseguridad y las versiones contradictorias sobre la advertencia del CNI son una muestra de debilidad. Una debilidad que percibimos tanto los españoles como nuestros socios y adversarios, quienes ven un gobierno incapaz de garantizar la seguridad de sus fronteras y de defender con firmeza la soberanía española, en un momento de graves desencuentros con nuestros aliados internacionales.

Las políticas migratorias y el rechazo a elevar el gasto en Defensa hasta un 5% del PIB en 2035 han provocado fricciones con algunos socios europeos y una progresiva erosión de las relaciones con Washington, que se agravó aún más tras negar el uso de las bases estadounidenses para sus operaciones contra Irán. Una decisión soberana pero que tuvo una respuesta política contundente. Mientras los cazas españoles sobrevolaban Nueva York por el Día de la Independencia, Donald Trump acusó a España de ser un mal socio e incluso amenazó con la pérdida de territorios, aludiendo a la guerra hispano-estadounidense, tras la que España perdió Cuba, Guam, Filipinas y Puerto Rico.

Sin embargo, aquella amenaza resonó durante la crisis de Ceuta, cuando Washington reafirmó su apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, mientras Marruecos reivindicaba Ceuta y Melilla. Bruselas, por su parte, en lugar de condenar a Rabat por vulnerar la frontera exterior de la Unión Europea, exigió a Madrid el retorno de los migrantes y un mayor control fronterizo. No obstante, no se trata de la primera vez en la que nuestros aliados consideran más conveniente presionar al Gobierno de España que enfrentarse a Rabat cuando cuestiona nuestra soberanía, como sucedió durante la Marcha Verde y la crisis del islote de Perejil.

El primer episodio se remonta al 6 de noviembre de 1975. Franco agonizaba y España vivía sumida en una profunda incertidumbre por la sucesión cuando, cerca de 350.000 civiles marroquíes cruzaron la frontera para ocupar el Sáhara español. Aunque Washington y París trataron de contener al monarca marroquí, no estaban dispuestos a oponerse a la ocupación, con el fin de preservar a Marruecos como aliado estratégico e impedir que un Sáhara independiente cayera bajo la influencia de una Argelia próxima a la órbita soviética. Por ello, Washington, impulsó una negociación que evitara una crisis política y una confrontación con Marruecos. En este contexto, con los Acuerdos de Madrid, España quedó presionada a ceder a Rabat la administración del Sáhara Occidental y evitar una guerra que, dada la situación, resultaba difícil de afrontar.

Pero la ocupación marroquí del Sáhara no puso fin a las disputas de Marruecos con España. Así lo confirmó la crisis del islote de Perejil, en julio de 2002, cuando una docena de gendarmes marroquíes lo ocuparon e izaron su bandera, una oportunidad que Rabat supo aprovechar para cuestionar internacionalmente la soberanía española en África. Sin embargo a pesar de la incursión, el apoyo a España fue tibio.

La OTAN llegó a calificar inicialmente el incidente de «asunto bilateral» ajeno a la Alianza, ya que su artículo 5 no protege los territorios españoles en África. Por un lado, Francia se alineó con Marruecos, hasta el punto de que el propio Aznar relató que Chirac le insinuó que lo razonable sería entregar Ceuta y Melilla. Por otro lado, Washington volvió a instar a España a negociar Perejil a cambio de otros territorios. El gobierno interpretó esta actitud como una defensa de los intereses marroquíes y consideró que este apoyo pudo alentar la operación. Washington tendría interés en que Rabat controlase la orilla sur del estrecho para garantizar su libre circulación y evitar que ningún Estado ribereño pueda cerrarlo unilateralmente. A diferencia de 1975, España no cedió a la presión, el presidente Aznar decidió no informar a Washington y ejecutó la Operación Romeo-Sierra, en el que las fuerzas especiales recuperaron el islote sin disparos ni víctimas. Fue una operación impecable que demostró que España puede defender sus intereses cuando cuenta con un gobierno con la fortaleza necesaria para hacerlo.

El Sáhara en 1975, Perejil en 2002 y, de nuevo, Ceuta en 2026 muestran un mismo patrón. Rabat aprovecha los momentos de debilidad para poner a prueba la firmeza con la que España está dispuesta a defender su soberanía. Y, en cada crisis, saca una conclusión incómoda. Frente a Marruecos, España está sola. Esta vez, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Por eso, la pregunta de fondo no es si Marruecos volverá a intentarlo, sino si, la próxima vez, España tendrá un gobierno a la altura de las circunstancias y los aliados necesarios para responder.