Transparencia pide a Sanidad que muestre los precios reales de los medicamentos
El Gobierno sigue sin publicar los datos y «se niega a explicar» cuál es el precio real y las condiciones de financiación fijadas por tratamientos
El dinero que pagamos por los medicamentos es superior a lo que gastan las administraciones por ellos. Tampoco se sabe cuáles son las condiciones de financiación acordadas con los laboratorios. A pesar de que Sanidad se alió con la industria farmacéutica para evitar que los precios reales saliesen a la luz, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha instado al departamento de Carolina Darias a hacer público el coste real.
Cada vez hay más tratamientos que suponen un beneficio para los pacientes. No obstante, el coste de cada uno de ellos es cada vez mayor, por lo que podría comprometer el acceso a este tipo de terapias dentro de la sanidad pública.
Según varias resoluciones de la Fundación Ciudadana Civo, el precio máximo de cada tratamiento de Luxturna se sitúa en 345.000 euros (por ojo); las CAR-T contra diversos tipos de cáncer, que ascienden a más de 300.000 euros; o Zolgensma, en torno a los dos millones de euros.
Los medicamentos son unas de nuestras «joyas más valiosas». Según ha denunciado Civio, los poderes públicos «deben ser transparentes» en todos los procesos de contratación pública. Es decir, también en el ámbito sanitario.
A pesar de las insistencias del Civio y del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Gobierno sigue sin publicar los datos y «se niega a explicar» cuál es el precio real y las condiciones de financiación fijadas por tratamientos.
El 7 de noviembre de 2019, la Fundación ciudadana Civio solicitó al Ministerio de Sanidad, acogiéndose al amparo la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las condiciones de financiación y precio del tratamiento Yescarta, comercializado por el laboratorio farmacéutico Galaad Ciencias.
La petición fue registrada ante el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, sin que resolviera la solicitud en el plazo establecido por la legislación vigente.
Tras esto, Civio remitió la reclamación Consejo de Transparencia, quién, tras enviar de nuevo una propuesta de información, recibió una nueva oposición, ya que la información «no encajaba»o el acceso a la comunicación provocaría «un supuesto perjuicio a sus intereses económicos y comerciales».
Después de un año de lucha entre la administración, farmacéutica, entidad demandante y Consejo de Transparencia, el CT ha expuesto que al no apreciar «concurrencia de los límites al derecho de acceso a la información invocados», iniciará los trámites de reclamación donde se acuerda una fijación del precio y «las condiciones de financiación de medicamentos».
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