Ministra de Igualdad, Irene Montero
Irene Montero quita a los padres el derecho de decidir qué educación sexual reciben sus hijos
Una vez más, defendió la necesidad de vincular la lucha por los derechos trans a la lucha de clase y que la vulneración de estos derechos «se tiene que combatir con leyes»
La ministra de Igualdad e impulsora de una de las leyes más polémicas en el ámbito nacional e internacional, Irene Montero, defendió el pasado miércoles que la educación sexual «es un derecho para todos los niños, aunque sus padres no quieran que lo tengan». Esta declaración se concuerda a la conocida y criticada ley trans.
«La educación sexual es un derecho para todos los niños, niñas, y niñes», aseguró, incluso aunque «sus padres y madres no quieran que sepan que tienen esos derechos o no quieran que los tengan», expresó de Igualdad en la presentación del libro La mala costumbre, de la autora, Alana S. Portero.
La batalla de la ley trans
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La defensa de su propia ley
En este sentido, cargó contra los bulos difundidos por «la ultraderecha», que aseguran que la ley trans busca «confundir a las criaturas» u ofrecer una «barra libre de hormonas», ya que según apuntó, la nueva norma protege a todos los niños. La realidad es otra, y es que varias organizaciones y asociaciones también han criticado la norma aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado mes de febrero.
La agrupación de Madres de Adolescentes y Niñas con Disforia Acelerada (AMANDA) arremetió en contra de la ley porque «está redactada de espaldas a la realidad», ya que olvida el fenómeno de la disforia de género de inicio rápido (DGIR). Y es que la norma de la formación morada ha supuesto un aumento de las peticiones de cambio de identidad de género.
Además, con esta ley los jóvenes con edades comprendidas entre 12 y 14 años pueden acceder a dichas prácticas «siempre que por su edad y madurez puedan consentir de manera informada la realización» de las mismas. El perfil de las personas que acuden es claro: adolescentes (80 % chicas) que «jamás» dieron muestra alguna de discordancia con su sexo biológico durante la infancia, generalmente entre los 11 y 17 años.
Una vez más, Montero defendió la necesidad de vincular la lucha por los derechos trans a la lucha de clase y que la vulneración de estos derechos «se tiene que combatir con leyes». Además, según aseguró, no se debe menoscabar los derechos de una mujer «porque no sea perfecta».
Los padres pasan a segundo plano, y lo deja claro el artículo 70.3 publicado en el BOE, puesto que la negativa a respetar la orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales de una persona menor por parte de su entorno familiar, deberá tenerse en cuenta a efectos de valorar una situación de riesgo. En este sentido, si los progenitores no quieren enfrentarse a la posible pérdida de la patria potestad de sus hijos, deberán autorizar todos los tratamientos médico-quirúrgicos que les reclamen.
Más ley trans en las aulas
La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, dedica cuatro artículos a las medidas en el ámbito de la educación. Todas ellas para meter con calzador esta controvertida norma y educar a los niños en base a ella.
En el artículo 20, que hace referencia a la diversidad LGTBI en el ámbito educativo, exige incluir entre los aspectos básicos del currículo el principio de igualdad de trato y no discriminación por las causas de la ley, así como el conocimiento y respeto de la diversidad sexual, de género y familiar de las personas LGTBI. Además, todos los profesores deben incluir en su guía de contenidos los temas relacionados con la diversidad sexual.
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