Un espía, imagen de archivo
Medios de comunicación
Espiar a periodistas podría ser legal en la UE
Las últimas propuestas para una nueva ley europea sobre libertad de prensa han hecho saltar las alarmas porque establecerían una ventana de oportunidad
La ley europea de libertad de medios de comunicación pretende asentar un marco común para el mercado interno de la Unión Europea y creará medidas destinadas a proteger a periodistas y otros profesionales del mundo de la información y de la comunicación de «injerencias políticas».
Esto es al menos lo que, sobre el papel, ha expresado el Consejo. Todo el texto puede entenderse en doble sentido y omite las actuales presiones que existen por la descarada politización de muchos. RTVE al servicio del gobierno de turno es solo un ejemplo, pero los grandes medios europeos –franceses y alemanes, especialmente– comparten las principales líneas respecto a los «valores» que hoy considera la UE que deben promoverse y a través del prisma que ellos imponen.
«Su objetivo es establecer salvaguardias para combatir las injerencias políticas en las decisiones editoriales de los proveedores de medios de comunicación tanto públicos como privados, proteger a los periodistas y a sus fuentes y garantizar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación». El texto no se presta al rechazo. Si esto llegara a aceptarse, ¿estaría el gobierno español obligado a imponer la separación estricta entre medios públicos y/o subvencionados con dinero público de injerencia política? Afectaría al 90 % de los medios en España, desde periódicos hasta televisiones y radios.
La letra pequeña
Como suele ocurrir en estos casos, las propuestas atractivas para todos los públicos son cantos de sirena. Las enmiendas propuestas a la ley corren el riesgo de dar a los gobiernos nacionales vía libre para espiar a periodistas, según ha afirmado el eurodiputado rumano Cristian Terhes del grupo ECR.
Terhes argumenta que muchas de las protecciones estipuladas en el texto ya existentes. Entre otras, la prohibición de utilizar «programas espía» contra periodistas, colaboradores o, incluso, familiares. La propuesta aprobada por la Comisión de libertades civiles del Parlamento Europeo (LIBE) permitiría a los Estados miembros aceptar determinadas circunstancias para violar esas protecciones ya establecidas.
¿Cómo? La UE daría libertad a los gobiernos nacionales para que, bajo su criterio, legislaran según para qué ocasiones podría espiarse legalmente a los periodistas y otros profesionales. Los criterios para esto serían varios: delito de terrorismo u homicidio, delito grave con una pena mínima de prisión.
El eurodiputado conservador rumano se ha mostrado preocupado y escéptico. Reconoce que nadie niega que los delitos más graves deben ser perseguidos, pero también expresa su miedo a que los Estados miembros abusen de estas disposiciones y puedan adaptar sus legislaciones nacionales para que el espionaje a determinados periodistas sea legal a ojos de la UE.
Sin ir muy lejos, la UE cerró un pacto recientemente con Estados Unidos para ceder toda la información relativa a usuarios al gobierno estadounidense. Los periodistas utilizan también las plataformas tecnológicas norteamericanas para desarrollar su trabajo. ¿Encaja esta ley con el deseo de proteger a periodistas?
Polémica por la falta de concreción
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El caso español preocupa en especial por las declaraciones de líderes políticos como Yolanda Díaz atentando contra los profesionales y la libertad de prensa. Apenas al comienzo de la pandemia en 2020, el general de la Guardia Civil José Manuel Santiago reconoció que se estaba espiando a los ciudadanos en redes sociales para detectar posturas contrarias al gobierno. En una sociedad cada vez más asfixiante a nivel político como es la española, preocupa que conceptos como «delito de odio», «homofobia» o «transfobia» puedan estar incluidos como condiciones para ser espiado –si es que no ocurre ya–.
En países como Reino Unido, ciudadanos han sido detenidos por expresar su opinión en redes sociales. También creyentes que oraban en silencio frente a abortorios al ser considerado una forma de opresión contra la mujer. Las legislaciones que protegen la libertad de expresión y pensamiento son deseables, siempre y cuando sirvan para fortalecer estas libertades y no para erosionarlos en nombre de las ideas de la clase dominante.
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