CSIF asegura que evitar huelga de funcionarios por Muface «depende del Gobierno»

El presidente nacional de CSIF, el sindicato mayoritario en la Administración Central, Miguel Borra, ha afirmado este lunes que la responsabilidad de evitar la huelga de funcionarios convocada para el 13 de febrero recae en el Gobierno, al que ha instado a agilizar la licitación del concierto sanitario de Muface.

Durante un encuentro con delegados del sindicato en Castilla-La Mancha, Borra anunció el inicio de una campaña informativa en los centros de trabajo para exponer los motivos de la convocatoria de huelga. «Nosotros seguimos adelante», advirtió, señalando que la desconvocatoria depende exclusivamente del Ejecutivo, ya que no se conoce «cuándo se reabrirá el plazo para presentar licitaciones», ni las condiciones económicas que regirán la convocatoria, ni el impacto en las aseguradoras y la asistencia sanitaria de los funcionarios.

CSIF ha organizado manifestaciones el 13 de febrero en todas las capitales de provincia frente a las subdelegaciones del Gobierno y, en Madrid, ante el Ministerio de Hacienda. La huelga afecta al personal docente universitario y no universitario, a los trabajadores de la Administración General del Estado y a los funcionarios de Correos.

Borra recordó que el concierto de Muface expiró el 31 de diciembre de 2024 y criticó al Gobierno por retrasar la primera licitación, lanzar una segunda, prorrogarla y, finalmente, suspender el proceso de presentación de ofertas un sábado por la tarde para modificar las condiciones económicas.

El presidente de CSIF advirtió que «a fecha 31 de marzo, se acaba la asistencia sanitaria» para los mutualistas, mientras el sindicato sigue recibiendo «cientos de quejas» por la falta de asistencia, denegación de pruebas y retrasos en la atención. «Estamos hablando de la asistencia sanitaria de nuestra Policía Nacional, de nuestros funcionarios docentes, de los empleados ministeriales y, sobre todo, de miles de jubilados», alertó.

Además del conflicto por Muface, Borra informó a los delegados sobre las negociaciones para la subida salarial de los empleados públicos, acusando al Gobierno de «dejación de funciones» en este asunto.