El Constitucional desestima el recurso contra la eliminación de la obligatoriedad del catalán en la sanidad balear

El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de cincuenta diputados del PSOE y Sumar contra la decisión del Govern balear de eliminar la obligatoriedad del conocimiento del catalán para ejercer como sanitario en las islas.

En su sentencia, a la que tuvo acceso Efe, el Pleno del alto tribunal ha explicado que el decreto ley cuestionado, aprobado por el Ejecutivo autonómico en agosto de 2023, ya no puede ser objeto de recurso, dado que fue derogado por la posterior ley autonómica de simplificación administrativa, sancionada a finales del mismo año.

Además de este aspecto formal, el Constitucional ha desestimado el resto de los argumentos presentados por los recurrentes, entre los que figuraba una supuesta utilización indebida del decreto ley por parte del Govern. A este respecto, el fallo sostiene que «el gobierno balear ha ofrecido una justificación explícita y razonada para su reacción legislativa de urgencia». El tribunal argumenta que la falta de profesionales médicos en el sistema público autonómico constituye una motivación legítima y está respaldada con datos procedentes de fuentes oficiales, como el informe del Ministerio de Sanidad de 2022.

La eliminación del requisito lingüístico fue una de las primeras medidas adoptadas por el Ejecutivo de Marga Prohens, tras alcanzar un pacto de legislatura con Vox. En lugar de exigir el catalán como condición, la nueva normativa lo considera un mérito puntuable, con el objetivo de favorecer la contratación y retención de personal sanitario y, de ese modo, paliar la escasez de profesionales en el sistema sanitario público balear.

El tribunal ha recordado, además, que la normativa anterior al decreto ley recurrido ya contemplaba excepciones en cuanto al uso del catalán. En concreto, dicha regulación permitía de forma expresa «eximir los requisitos de conocimientos de la lengua catalana» cuando se presentaran «casos de carencia o insuficiencia de profesionales» en el sector sanitario.

En este sentido, la sentencia subraya que esta excepción fue aplicada en múltiples ocasiones entre los años 2021 y 2023 mediante informes sucesivos del servicio de salud autonómico. Durante ese periodo, el Govern estaba presidido por Francina Armengol, del PSOE, con el respaldo de Unidas Podemos y Més per Mallorca.

A juicio del Constitucional, «no es irrazonable que el gobierno y el parlamento autonómicos confíen en esa modificación normativa para la 'captación y fidelización de los profesionales médicos' y la reducción de las listas de espera».

Respecto a la alegación según la cual el decreto vulneraba el derecho de los ciudadanos a comunicarse con la Administración en cualquiera de las dos lenguas cooficiales de Baleares, el fallo también la desestima. El tribunal considera que la regulación impugnada tiene un alcance «solamente parcial» y afecta a un «servicio concreto», lo que excluye una vulneración de carácter general.

Cabe señalar que el recurso fue inicialmente admitido a trámite en enero de 2024, cuando el decreto ley aún estaba en vigor. La iniciativa fue promovida por la Obra Cultural Balear, con el respaldo de los diputados de PSOE y Sumar –coalición en la que se integra Més per Mallorca, formación que encabezó la lista en las islas–. Sin embargo, tras la aprobación de la ley de simplificación administrativa que sustituyó el decreto, la OCB impulsó un nuevo recurso de inconstitucionalidad contra la legislación que actualmente regula el uso del catalán en el ámbito sanitario balear.