El Gobierno da luz verde a un anteproyecto de ley para acabar con los modelos sanitarios de gestión privada

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto de ley por la Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que pretende imponer un modelo único de gestión sanitaria, priorizando la gestión pública y, por lo tanto, dejando de lado la participación de empresas privadas.

Con esta medida, la ministra de Sanidad busca derogar la ley de 1997 sobre nuevas formas de gestión del SNS, aprobada en el Gobierno de José María Aznar, que permitió la gestión de hospitales y centros sanitarios públicos y desarrollar modelos como el Alzira de Ribera Salud, o el de Quirón en Madrid.

Este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Mónica García ha revelado que es una ley que va proteger nuestro SNS de «las garras especuladoras y privatizadoras». Asimismo, la ha calificado como un «triunfo», ya que se lleva persiguiendo desde hace 10 años.

En los últimos meses, García ha asegurado que han atendido y registrado «casos obscenos» que, en su opinión, no deberían formar parte de «la vida cotidiana del sistema sanitario público». Para respaldar su postura, ha citado varios audios internos en los que responsables de empresas hablaban «sin tapujos» sobre cómo aumentar las listas de espera para «incrementar la rentabilidad». Según García, se trata de un «problema estructural» que surge de un marco normativo que permite que la gestión de la sanidad pública priorice el beneficio económico por encima de la salud de los pacientes.

Además, la ministra García ha subrayado que esta ley cierra la etapa de la norma 15/97 de Aznar. «Cerramos la puerta a un modelo que permitió la entrada del lucro en la gestión pública. La incorporación de entidades privadas se ha realizado de manera errática, desordenada y motivada por intereses económicos; con esta medida, ponemos fin a esa práctica».

En anteproyecto impide que se utilicen contratos donde una empresa privada se encargue tanto de la construcción del hospital como de la gestión de los centros sanitarios posteriores. Tal y como ha afirmado la médico, es la primera ley que establece que la gestión publica directa es la forma preferente de gestión del SNS, ya que «pone coto y prohíbe las concesiones de obra».

Así, ha adelantado que «nunca más» habrá modelos en los que es más rentable a operar hoy que operar mañana y «nunca más» hará modelos donde sale a cuenta «engrosas listas de espera o derivar lo complejo fuera del sistema».

Por último, en materia económica, García ha mencionado que se trata de una norma que refuerza «la transparencia, la rendición de cuentas y el control democrático de la gestión sanitaria». En este sentido, ha explicado que da igual si «un centro sanitario tenga un modelo de gestión u otro» deberán dar cuenta a «las misas exigencias». Con esto, buscan que «cada euro público se explique en términos de salud». Y es que, ha considerado que lo público tiene que dejar de ser «una carrera de obstáculos».

Qué busca la ministra de Sanidad

El pasado diciembre, la ministra y médico, que tiene especial interés en acabar con la sanidad privada, anunció, a raíz de la polémica surgida en el Hospital de Torrejón, su intención de llevarla a Consejo de Ministros a principios de 2026. Con esto busca poner fin a la posibilidad de que las empresas concesionarias prioricen los beneficios económicos por encima de la salud de los pacientes.

Entre los objetivos del Gobierno está reforzar el control del gasto en los hospitales públicos gestionados por empresas privadas. De este modo, se evitará el modelo de Torrejón, el de Alzira o el de la Fundación Jiménez Díaz, dando prioridad a la gestión pública directa de los servicios sanitarios y limitando la entrada de empresas con ánimo de lucro.

La ley también pretende eliminar las fórmulas contractuales mixtas que vinculaban la infraestructura con la prestación del servicio, un modelo que, según el propio Ministerio de Sanidad, favorecía los intereses económicos de las empresas sobre la atención sanitaria.

Además, anteproyecto refuerza en la transparencia, la rendición de cuentas y el control público sobre la prestación de servicios sanitarios. Incluye también mecanismos para asesorar a las instituciones que aborden procesos de reversión de la privatización, con participación de la Alta Inspección del Ministerio de Sanidad.

Por último, la norma introduce cambios legales, como la modificación del artículo 67 de la ley General de Sanidad de 1986 y la incorporación de una cláusula en la ley de contratos del sector público para priorizar a entidades sin ánimo de lucro en casos de empate. Asimismo, limita la gestión indirecta a situaciones excepcionales y bajo estrictos criterios de sostenibilidad, calidad y accesibilidad.