Mónica García, ministra de Sanidad
Mónica García recurre a la privada y destina 105.000 euros a cubrir los abortos de las mujeres de Melilla
Según la documentación oficial, el contrato se divide en dos lotes que han sido adjudicados a Atocha Ginecológica, SL
El señalamiento de Mónica García a la sanidad privada cada vez es mayor. Se ha visto en diversas ocasiones; la última, con la aprobación del anteproyecto de ley sobre la Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, una norma que pretende derogar la ley de 1997 de José María Aznar y que permitió desarrollar modelos de colaboración privada en el sistema público español. Sin embargo, la médico no ha tenido pudor en formalizar contrato para llevar a las mujeres de Melilla a abortar a centros privados andaluces.
Así se ve en la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde especifican que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha firmado un contrato de 104.962,70 euros con Atocha Ginecológica, una entidad privada que recibirá en Málaga a las mujeres de Melilla que quieran abortar.
Según la documentación oficial, el contrato se divide en dos lotes que han sido adjudicados a Atocha Ginecológica, SL. El primero, destinado a abortos hasta la semana 14 de gestación, ha tenido un presupuesto base de licitación de 86.156,16 euros. El segundo, referido a abortos de más de 14 semanas de gestación o de alto riesgo, es de 18.806,54 euros. En conjunto, ambos presupuestos ascienden a 104.962,7 euros.
El contrato, que se publicó en la plataforma el 1 de marzo de 2026 y que solo tuvo una oferta que cumplía con todas las condiciones técnicas y económicas, tendrá un plazo de ejecución de 24 meses.
Mónica García ha cumplido los deseos de Isabel Muñoz, directora general del Ingesa, que el pasado año aseguró que la organización, que gestiona la sanidad pública de Ceuta y Melilla, estaba estudiando «detenidamente» enviar a sus ciudadanas a la Península. Esto ha ocurrido porque todos los médicos de la ciudad autónoma son objetores de conciencia.
Esto ya lo avisó Eva María Martín, presidenta de la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (Andoc), a este periódico. Días después de que se aprobase la norma del aborto, aseveró que nadie podría obligar a hacer algo «que va en lo más profundo» de su conciencia, lo más profundo de su ser como persona.
El aborto es una de las principales causas de muerte en nuestro país. El pasado 2024, último año del que hay datos, 106.172 mujeres decidieron frenar el crecimiento de su feto y quitarle la vida. Esto supone 3.075 más que en 2023, un 2,98 % de aumento. De este total, el 82 % se realizaron en centros privados, ya que, al igual que ha pasado en Melilla, ningún médico está dispuesto a realizar estos procedimientos.