Colillas de cigarrillos en una playa
El Gobierno quiere prohibir fumar en terrazas y playas y contempla multas de hasta 600 euros
En rueda de prensa tras el Consejo, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha detallado que el tabaquismo provoca 50.000 muertes al año, y esta norma pretende proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación «libre de tabaco»
Piscinas, marquesinas, terrazas y, finalmente, playas. Este martes el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado en segunda vuelta el anteproyecto de la ley antitabaco que equipara cigarrillos electrónicos y vapeadores al tabaco convencional, ampliando los espacios sin humo y restringe la venta de los nuevos productos a establecimientos especializados, medidas que forman parte del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027. Junto a estos lugares, la reforma amplía la prohibición de fumar en espacios como los campus universitarios, patios de institutos, instalaciones deportivas, vehículos de uso laboral o parques infantiles, entre otros.
De esta manera, el Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes para iniciar su tramitación parlamentaria en el Congreso a la nueva normativa que reforma la ley de 2005 para adaptar la legislación a los nuevos productos relacionados con el tabaco y reforzar la protección de la infancia y la adolescencia.
El anteproyecto actualiza las infracciones, cuantías y responsabilidades para adecuarlo a las nuevas medidas y da dos meses para que adaptar la señalización de los espacios donde exista prohibición de consumo. La multas irán desde los 200 hasta los 600 euros.
Tal como ha detallado en rueda de prensa tras el Consejo, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha detallado que se trata de «una gran victoria de nuestro país», dado que el tabaquismo provoca 50.000 muertes al año, y esta norma pretende proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación «libre de tabaco».
La ministra de Sanidad, Mónica García durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, este martes
Tras el cambio de los patrones de consumo, la futura ley igualará la legislación para tabaco convencional y los nuevos productos como el cigarrillo electrónico, las bolsitas de nicotina, productos a base de hierbas como 'shishas' y cualquier dispositivo que imite o se asocie al acto de fumar.
La medida llega en un momento en el que entre 472.000 y 494.000 españoles intentaron dejar de fumar el año pasado utilizando terapias farmacológicas financiadas, según se desprende del informe Cesación tabáquica: un reto sanitario y social, elaborado por el Ministerio de Sanidad y el Consejo General de Colegios Farmacéuticos.
El informe muestra que la citisiniclina es el tratamiento financiado más utilizado para dejar de fumar, con cerca de 450.000 personas tratadas, seguida por la vareniclina, que concentra entre 18.000 y 36.000 personas tratadas, y bupropión, que registra entre 4.000 y 8.000. El Sistema Nacional de Salud (SNS) financia un intento al año por paciente fumador.
