Reino Unido apuesta por la vida y frena la eutanasia: la ley que no ha logrado salir adelante

La vida ha ganado en Reino unido, pero no ha sido sencillo. A finales de noviembre de 2024, el Parlamento británico aprobó en la Cámara de los Comunes (baja) el Proyecto de Ley sobre Adultos con Enfermedades Terminales, que pretendía permitir que los enfermos terminales mayores de 18 años pudieran solicitar la eutanasia. Sin embargo, casi dos años meses después, y tras una ajustada votación, los diputados decidieron que la eutanasia no tenía cabida en el territorio

El texto, rechazado con 286 votos en contra frente a 270 a favor, planteaba que una persona con una enfermedad terminal pueda poner fin a su vida bajo estrictos requisitos, incluyendo residir en Inglaterra o Gales desde al menos doce meses, realizar dos declaraciones firmadas con pleno uso de sus facultades mentales y demostrar ante dos médicos independientes que reúnen los requisitos necesarios para solicitarla con un intervalo de siete días entre cada evaluación.

La medida, presentada por la diputada laborista Lauren Edwards, permite acceder a una sustancia letal a aquellas personas a las que les queden seis meses de vida. Sin embargo, la ley estipula que debe ser el mismo enfermo quien se administre el fármaco. Ningún médico u otra persona está autorizadas para ello. De hecho, nadie tiene la aplicación de brindar esa asistencia al paciente.

El proyecto de ley se presentó en octubre de 2024, después de una intensa discusión entre los grupos a favor de la cultura de la muerte y quienes defienden la vida de todo ser humano. La denominada campaña Dignidad al Morir consideró que esta polémica práctica permite al enfermo decidir cómo poner fin a su vida. Por el contrario, el grupo Cuidado, No Muerte argumentó que debería ponerse más atención en los cuidados paliativos, una especialidad que ayuda al paciente y que escasea en el país.

A pesar de los numerosos intentos, la ley ha quedado finalmente estancada en la Cámara de los Lores, donde, tras más de 1.200 enmiendas –un récord– y muchas dudas, expiró el tiempo parlamentario disponible, dejando anulada una de las normas más polémicas.

Una de las grandes opositoras a este proyecto es la ex primera ministra y baronesa Theresa May, quien advirtió en la última votación de abril que podría introducir una «licencia para matar» en el país. En la misma línea, el barón Lord David Frost señaló que la norma desmantelaría parte del sistema ético heredado al permitir que el Estado participara en «el asesinato» de personas inocentes a petición propia.