La ministra de Igualdad, Ana Redondo
El Tribunal de Cuentas alerta de «graves deficiencias» en el sistema de las pulseras telemáticas para maltratadores
Entre los problemas detectados aparecen fallos en la fiabilidad de los dispositivos, interrupciones del servicio, errores de geolocalización, baterías con una autonomía insuficiente y retrasos en las reparaciones
El Tribunal de Cuentas ha detectado «graves deficiencias» en la contratación y el seguimiento del sistema telemático de medidas de alejamiento destinado a proteger a víctimas de violencia de género y violencia sexual.
Así lo recoge un informe publicado este miércoles por el organismo fiscalizador, después de que la Fiscalía General del Estado ya alertara en su memoria correspondiente a 2024 de la existencia de «múltiples fallos» en los dispositivos electrónicos.
El Tribunal de Cuentas decidió fiscalizar los contratos suscritos por el Ministerio de Igualdad para prestar este servicio en 2018, 2021 y 2023. Este último permaneció vigente hasta mayo de 2026. En conjunto, los tres contratos supusieron un gasto de 102,6 millones de euros, de los que 42,6 millones correspondieron al contrato de 2023, financiado parcialmente con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
La fiscalización también incluyó un contrato menor relacionado con el servicio, por un importe de 12.706,21 euros.
Uno de los problemas señalados por el Tribunal de Cuentas tiene que ver con la falta de un plan de transición que garantizara la continuidad del servicio cuando se produjera un cambio de empresa adjudicataria. Los contratos de 2018 y 2021 no contemplaban este mecanismo, pese a que el organismo considera que resulta «imprescindible» para evitar interrupciones. El contrato de 2023 tampoco lo incluía inicialmente y tuvo que ser modificado en julio de ese año.
El cambio de adjudicataria terminó provocando problemas en el acceso a la información histórica que había quedado en manos de la empresa anterior. Según el informe, esta situación llegó a impedir la respuesta a 123 requerimientos judiciales pendientes.
El problema se prolongó hasta octubre de 2024, cuando, coincidiendo con un requerimiento de la Fiscalía, el Ministerio de Igualdad puso en marcha actuaciones destinadas a coordinar una solución.
Fallos en los dispositivos y errores de geolocalización
El Tribunal de Cuentas también pone el foco en la ejecución del contrato de 2023. Durante «prácticamente toda» su vigencia se produjeron «graves deficiencias» que, aunque posteriormente fueron corregidas, comprometieron la efectividad del sistema durante parte del periodo fiscalizado.
Entre los problemas detectados aparecen fallos en la fiabilidad de los dispositivos, interrupciones del servicio, errores de geolocalización, baterías con una autonomía insuficiente y retrasos en las reparaciones.
Uno de los aspectos más relevantes señalados por el organismo son precisamente los errores de geolocalización, ya que llegaron a permitir el acercamiento de agresores a sus víctimas pese a la existencia de una medida judicial de alejamiento.
El informe añade que en noviembre de 2025 el Ministerio de Igualdad encargó una auditoría tecnológica externa, que «corroboró las vulnerabilidades críticas detectadas en los dispositivos».
Ante estas deficiencias, el Tribunal de Cuentas considera que en la contratación de este tipo de servicios debe prevalecer «la calidad en la prestación del servicio por encima del ahorro de costes». También considera «imprescindible» que, desde la preparación de los contratos, se garantice el uso de «la mejor tecnología disponible» para reducir al mínimo las posibilidades de que los agresores puedan ejercer violencia sobre las víctimas.
El sistema de seguimiento telemático permite comprobar de forma permanente el cumplimiento de las prohibiciones judiciales de aproximación en casos de violencia de género y violencia sexual. Estas medidas pueden establecerse como medida cautelar, como pena, como condición para suspender una pena de prisión o durante la libertad vigilada, dependiendo de lo que determine la autoridad judicial.
Su finalidad es garantizar la seguridad de las víctimas, prevenir nuevas agresiones mediante la disuasión y registrar cualquier quebrantamiento de las medidas judiciales, proporcionando a las autoridades información actualizada sobre el cumplimiento de las órdenes de alejamiento.