Andorra ultima una ley para no procesar a las mujeres que aborten, pero castigará a los médicos que los practiquen

El Gobierno de Andorra prepara una reforma del Código Penal para despenalizar a las mujeres que aborten. El jefe del Ejecutivo, Xavier Espot, ha anunciado que el texto podría llegar al Parlamento andorrano, el Consell General, durante este mes de octubre y ha asegurado que la despenalización será una realidad antes de que termine la legislatura.

La reforma tiene una particularidad: no supondrá una despenalización completa del aborto. La mujer dejará de enfrentarse a consecuencias penales por abortar, pero los médicos y otros profesionales sanitarios que intervengan en el aborto continuarán pudiendo tener responsabilidad penal. Además, la asistencia para abortar no quedará cubierta por la CASS, el sistema de seguridad social andorrano, según la fórmula que prepara el Ejecutivo.

El país tiene un sistema de Coprincipado: el jefe de Estado es compartido por dos copríncipes, el presidente de Francia y el obispo de Urgell. Por eso, cualquier reforma relacionada con el aborto tiene una dimensión institucional especialmente delicada. El Gobierno de Espot lleva años negociando con la Santa Sede para encontrar una fórmula que permita modificar la legislación sin poner en peligro este sistema.

El diálogo entre Andorra y el Vaticano se hizo público al menos desde 2025. En octubre de ese año, Espot y el entonces ministro de Relaciones Institucionales, Ladislau Baró, se reunieron en el Vaticano con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin. Ambas partes reconocieron entonces la complejidad jurídica, institucional y social de la cuestión.

¿Qué está prohibido actualmente?

Hasta ahora, el aborto está tipificado en el Código Penal andorrano. Esto significa que una mujer que aborte puede enfrentarse a responsabilidad penal.

La reforma que prepara el Gobierno pretende cambiar precisamente esta situación: la mujer dejaría de ser castigada penalmente por abortar. Pero eso no significa que Andorra vaya a legalizar los abortos dentro de sus fronteras.

De hecho, Espot ya explicó en septiembre que la práctica de abortos dentro del territorio andorrano constituye la «línea roja» que el Gobierno no quiere cruzar porque podría poner en riesgo el actual sistema institucional del Coprincipado.

La cuestión del Vaticano es especialmente relevante porque el obispo de Urgell es uno de los dos copríncipes de Andorra. El Gobierno de Espot ha mantenido durante años conversaciones con la Santa Sede para intentar encontrar una fórmula que permita modificar la legislación sin provocar una crisis institucional.

En septiembre, Espot ya dejó claro que Andorra es soberana para tomar sus propias decisiones y que no estaba esperando simplemente el permiso del Vaticano. Al mismo tiempo, reconoció que había una línea roja: que el aborto llegase a practicarse dentro del territorio andorrano, algo que, según explicó, podría poner en riesgo el sistema del Coprincipado.

Ahora, según fuentes citadas por La Veu Lliure, el Gobierno andorrano y el Vaticano habrían alcanzado finalmente un acuerdo sobre la fórmula para despenalizar a la mujer. Ese pacto permitiría a Espot presentar el texto en el Consell General durante octubre.

El proyecto lleva meses acumulando retrasos. El Gobierno llegó a apuntar que podría presentarse en septiembre, pero el mes terminó sin que la propuesta entrara formalmente en el Parlamento.

Ahora Espot vuelve a situar el calendario en octubre y asegura que el Ejecutivo está ultimando el texto. El Consell General tiene previstas sesiones plenarias los días 22 y 29 de octubre, aunque eso no significa necesariamente que el proyecto vaya a debatirse en una de esas fechas. Si finalmente se presenta, comenzará entonces el trámite parlamentario.