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El Gobierno admite que no ha cobrado las multas por juego ilegal: más de 465 millones de euros en cinco años
Así lo ha indicado el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria por escrito al Partido Popular
El Gobierno ha impuesto multas a operadores de juego ilegal por más de 465 millones de euros en los últimos cinco años y admite que «no ha sido abonada ninguna cantidad, permaneciendo pendiente de cobro su totalidad».
Así lo ha indicado el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria por escrito al PP sobre cuál ha sido el importe total de las sanciones económicas impuestas por la administración general del estado a operadores de juego online ilegal durante los últimos cinco años.
En la respuesta, recogida por Europa Press, el Gobierno ha detallado que las multas legaron a los 128.427.500 euros en 2022; 150.000.000 euros en 2023; 96.000.000 euros en 2024; 51.000.000 euros en 2025 y 40.000.000 euros en 2026.
Respecto a las actuaciones que ha llevado a cabo el Ejecutivo para garantizar la ejecución efectiva y el cobro de las sanciones impuestas a operadores de juego online radicados fuera de España, ha explicado que el juego online ilegal es una actividad transfronteriza.
«Las empresas que ofrecen este tipo de actividades tienen su domicilio social, cuando este dato es posible conocerlo a partir de la información disponible en internet o en bases de datos públicas, en jurisdicciones terceras no colaborativas. Las actividades de investigación, por lo tanto, quedan circunscritas a la información disponible en medios de fuentes abiertas», ha señalado.
En este sentido, sostiene que «la eficacia de la actuación administrativa no puede valorarse principalmente por el cobro efectivo de las multas impuestas, sino por la capacidad de la autoridad reguladora para detectar, interrumpir, bloquear y desincentivar la oferta no autorizada dirigida a consumidores españoles».
Además, ha argumentado que los operadores ilegales actúan sin establecimiento real en España, con estructuras societarias opacas, desde jurisdicciones extranjeras y mediante dominios, marcas, pasarelas de pago y soportes tecnológicos «fácilmente» sustituibles, «lo que hace imposible el cobro de las sanciones, de lo que es testimonio la vía complementaria a la sancionadora articulada por la Dirección General de Ordenación del Juego para posibilitar la interrupción de actividades de juego ilegal cuando se desconoce el sujeto infractor».
«La finalidad principal de la actividad sancionadora no es, por tanto, recaudatoria, sino de protección del mercado y de los consumidores», ha manifestado.
«Este enfoque es coherente con la propia práctica española, en la que las sanciones muy graves a operadores sin licencia se acompañan de bloqueo de páginas y publicación de resoluciones firmes», ha concluido.
