El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, durante su intervención, esta mañana, en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias
La ley LGTBI de Asturias sale adelante con el apoyo de la izquierda y el PP y la única oposición de Vox
Durante la tramitación parlamentaria, PP y Foro decidieron respaldar el texto al conseguir introducir la necesidad de contar con el consentimiento familiar para tratamientos de transición de sexo en menores de 16 años en el ámbito asistencial y sanitario
El parlamento asturiano ha dado este miércoles luz verde a la ley LGTBI+, una normativa que empezó a impulsarse la legislatura pasada, hace siete años, y que finalmente ha sido aprobada con el respaldo de los grupos de la izquierda, Partido Popular y Foro, y la única oposición de los cuatro diputados de Vox.
Asturias deja así de ser la única comunidad, junto a Castilla y León, que no contaba con una legislación propia en esta materia y con la que se busca garantizar y consolidar los derechos de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales para «erradicar la discriminación y asegurar que puedan vivir su orientación e identidad sexual sin menoscabo de sus derechos».
Durante la tramitación parlamentaria, PP y Foro decidieron respaldar el texto al conseguir introducir en el mismo la necesidad de contar con el consentimiento familiar para tratamientos de transición de sexo en menores de 16 años en el ámbito asistencial y sanitario, pero también en el educativo ya que solo podrán adecuar su nombre sin el consentimiento de sus tutores los alumnos mayores de esa edad.
La norma autonómica introduce también un régimen sancionador propio para conductas discriminatorias, la prohibición explícita de las terapias de conversión en la red pública y concertada del Principado, presta especial atención al entorno rural asturiano con medidas dirigidas a combatir el llamado 'sexilio' y obliga a los centros educativos públicos y concertados a aplicar protocolos contra el acoso escolar LGTBIfóbico y a respetar la identidad y el nombre sentido del alumnado.
Además, prevé la sustitución del antiguo Observatorio contra la LGTBI-fobia por un órgano consultivo como el Conseyu de Participación LGTBI y contempla que en el sector público se tenga en cuenta a la hora de dar subvenciones la existencia de planes o estrategias para garantizar la igualdad y la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad sexual y expresión de género.