La tecnología sanitaria reclama cambiar la Ley de Contratos para dar más peso a la calidad

El secretario general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), Pablo Crespo, ha presentado las principales reivindicaciones del sector para la próxima legislatura, que comenzará tras las elecciones del 29 de noviembre. Entre las prioridades destaca la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para que, al menos, el 50% de los criterios de adjudicación estén relacionados con la calidad y la incorporación de innovación tecnológica.

Crespo ha señalado que actualmente existe un proyecto de ley que va más allá de esta propuesta, al contemplar un 80 % de criterios vinculados a la calidad. A su juicio, la innovación es fundamental para mejorar la atención sanitaria, ya que «sin una tecnología de calidad, sin un diagnóstico preciso y sin tratamientos eficaces, no hay Sanidad Pública de calidad».

Por ello, Fenin defiende avanzar hacia un modelo de compra pública basado en el valor, que favorezca la incorporación de nuevas tecnologías. La federación reclama que los partidos políticos incluyan la reforma legislativa entre sus compromisos electorales.

Junto a esta modificación, la patronal plantea otras tres medidas: impulsar un plan de industrialización que refuerce la autonomía estratégica del sector, reducir el IVA de los productos sanitarios y permitir la actualización de los contratos públicos en función de la evolución de los costes.

De todas estas iniciativas, Crespo ha destacado la urgencia de revisar el sistema de indexación de los contratos públicos. Según ha explicado, las empresas sanitarias no pueden asumir por sí solas el aumento de los costes de producción, por lo que considera necesario establecer mecanismos que garanticen su competitividad y viabilidad económica.

«No hay industria que sea capaz de absorber todo el incremento de coste», ha advertido. En este sentido, ha subrayado que el Sistema Nacional de Salud depende de la industria sanitaria para disponer de tecnología diagnóstica, equipos de monitorización y tratamientos utilizados tanto en hospitales como en otros dispositivos asistenciales.

Previsión de un 4 % de inflación

El responsable de Fenin ha alertado de que las dificultades en las cadenas de suministro y las restricciones en el acceso a materias primas, junto con una previsión de inflación del 4% para este año, pueden comprometer las inversiones empresariales. «Es altamente probable que empresas que tenían previstas inversiones no las puedan hacer», ha lamentado.

Crespo ha recordado que los contratos públicos permanecen desindexados desde 2015 y ha defendido que su actualización permitiría ofrecer mayor seguridad jurídica a las compañías. De no adoptarse medidas, ha advertido, podría resultar más difícil mantener el empleo y competir en los mercados internacionales, además de aumentar los problemas de acceso a determinados productos sanitarios.

«Necesitamos compartir parte de nuestros costes con el SNS», ha afirmado. Asimismo, ha reclamado un plan específico para el sector, denominado 'Plan ProTech', y un mayor reconocimiento del esfuerzo inversor de las compañías en investigación y desarrollo. Según los datos expuestos por Crespo, el 20 % de las empresas presenta cuentas con pérdidas, mientras que el incremento acumulado del IPC alcanza el 25%.

En relación con la industrialización, Fenin considera necesario reducir la dependencia de los mercados internacionales en el suministro de productos sanitarios esenciales. Para ello, propone impulsar medidas de apoyo específicas que permitan atraer inversiones, reforzar la capacidad productiva nacional y mejorar la resiliencia del sistema.

Reducir el IVA de los productos sanitarios

La patronal también reclama una rebaja fiscal para los productos de tecnología sanitaria. «La fiscalidad no puede ser una barrera de acceso a la tecnología», ha defendido Crespo, quien ha recordado que estos dispositivos resultan esenciales para la atención y la supervivencia de numerosos pacientes.

Según las cifras aportadas por el secretario general de Fenin, el 85 % de los productos sanitarios tributa al tipo general del 21 %. Por ello, la federación pide reducir el IVA y sostiene que el sistema sanitario destina más de 1.300 millones de euros al pago de este impuesto.

La organización defiende que estas medidas contribuirían a construir una Sanidad Pública de mayor calidad, sostenible y eficiente, en un contexto marcado por el envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas, las listas de espera y la escasez de profesionales. Ante estos desafíos, Crespo considera necesario avanzar hacia un modelo asistencial más predictivo, digital y centrado en la atención domiciliaria.

El sector de la tecnología sanitaria destina, según Fenin, el 7 % de su facturación a innovación, el porcentaje más elevado entre los sectores industriales, de acuerdo con los datos presentados por la entidad. Crespo ha destacado también su contribución económica: genera 12.400 millones de euros de valor añadido directo y, por cada euro generado, aporta otros 1,27 euros a la economía. Además, el 46 % del empleo del sector es femenino.

Por último, el secretario general ha reconocido los esfuerzos del Gobierno y de las comunidades autónomas, aunque ha lamentado que algunas iniciativas normativas que considera positivas no hayan llegado a aprobarse. En su opinión, es necesario actualizar la regulación para facilitar la inversión y la renovación tecnológica, así como garantizar que quienes dirijan la política sanitaria conozcan las particularidades de la industria.