La universidad no es vuestra trinchera
Esta no es una huelga por la educación. Es una campaña contra quien gobierna Madrid y es una de las voces más firmes de la oposición al Gobierno de Sánchez
Imagen de la Facultad de Ciencias Físicas, en Madrid, el pasado 14 de octubre
Hubo un tiempo, allá por los años sesenta, en que ser universitario equivalía, casi por decreto, a ser de izquierdas. Quien pisaba un campus debía llevar la pancarta bajo el brazo y el catecismo revolucionario en la mochila. Medio siglo después, algunos siguen empeñados en que aquel estereotipo manoseado sea la norma. Lo hemos comprobado esta semana en la Complutense.
La huelga se presenta como una reivindicación de financiación y de condiciones laborales. Pero el Sindicato de Estudiantes la ha descrito sin rubor como una batalla para derrotar a Ayuso. Un colegio público de Villarejo de Salvanés comunicó además a alumnos de entre 14 y 16 años que el objetivo era convertir las calles en una pesadilla para los «fascistas» del PP. Cuando se confiesa el propósito, sobra la exégesis. Esta no es una huelga por la educación. Es una campaña contra quien gobierna Madrid y es una de las voces más firmes de la oposición al Gobierno de Sánchez.
Quien se manifiesta con respeto no teme ser identificado. El anonimato solo resulta imprescindible cuando uno se propone hacer algo que no podría firmar
Empecemos por lo elemental. Que los estudiantes hagan huelga por las condiciones laborales de sus profesores es un absurdo lógico. El alumno no es trabajador de la universidad: es su razón de ser. Si deja de ir a clase, no presiona a la Consejería; se perjudica a sí mismo. Es como si los pacientes dejaran de ir a consulta para que subiera el sueldo de los médicos.
Sigamos con los hechos. A las puertas de la Facultad de Ciencias Químicas, grupos con el rostro cubierto cortaron el tráfico e impidieron el paso a quienes querían entrar, en una concentración que no estaba autorizada. La pregunta es sencilla: ¿quién se tapa la cara para ejercer un derecho? Quien se manifiesta con respeto no teme ser identificado. El anonimato solo resulta imprescindible cuando uno se propone hacer algo que no podría firmar.
Me permito, además, dudar de que fueran alumnos de Químicas o de Físicas. Cualquiera que haya pasado por una facultad de ciencias sabe que las prácticas de laboratorio son obligatorias. Sabe también que las faltas de asistencia cuestan el derecho a examen. Un estudiante de ciencias no se juega la convocatoria por una pancarta. Quienes bloqueaban la puerta tenían el perfil del activista profesional, no el del alumno con un examen de Química Orgánica en el horizonte. Por eso, en esas facultades, la huelga ha sido un fracaso y las clases se han impartido con total normalidad.
Luego, en los despachos ministeriales, se preguntan con fingido asombro por qué crece la universidad privada
El vídeo de la intervención policial que circula por las redes cuenta solo la mitad. No muestra los avisos de los agentes para que se liberase la calzada y el acceso de las personas. Tampoco muestra la reacción de los encapuchados. Solo enseña el desenlace: el uso disuasorio, y legal, de la fuerza para despejar la vía. Mostrar la última escena de una película y presentarla como la película entera no es información; es propaganda.
Lo más grave, sin embargo, no aparece en ningún vídeo. Muchos estudiantes y profesores de la universidad pública se sienten coaccionados. Discrepar en voz alta tiene un coste: el señalamiento, el escrache, el silencio de un claustro que mira hacia otro lado. La Delegación de Estudiantes ha podido usar la lista de correo institucional para enviar un manifiesto contra el Gobierno regional a más de 60.000 alumnos. Eso dice mucho de quién se siente dueño del campus. Una universidad donde se piensa con miedo ha dejado de ser universidad.
Luego, en los despachos ministeriales, se preguntan con fingido asombro por qué crece la universidad privada. Según los datos del propio Gobierno, España ha pasado de 4 universidades privadas en 1983 a 47 en 2024. Unos 550.000 alumnos estudian ya en universidades y centros privados. La respuesta no requiere un informe de la ANECA. Muchas familias no buscan un lujo: buscan un aula donde estudiar sin piquetes en la puerta y sin catequesis en el correo institucional, sin coacciones ideológicas y donde exista libertad de pensamiento y expresión. No es la ley del mercado; es la ley de la evacuación. Tiene su gracia que quienes dicen defender la pública sean los agentes de captación más eficaces que ha tenido nunca la privada. Y además trabajan gratis.
Y digámoslo, aunque resulte políticamente incorrecto: los profesores universitarios somos unos privilegiados. Enseñar e investigar es una de las tareas más gratificantes que existen, de las que mejor realizan a una persona. En la universidad pública, un profesor funcionario a tiempo completo imparte un máximo de 240 horas lectivas por curso, unas ocho semanales. Esas horas se reducen con frecuencia por méritos investigadores o por cargos académicos. No hay fichaje ni horario mínimo de permanencia más allá de las tutorías. Pocos trabajadores en España disfrutan de semejante autonomía.
Ya se anuncia el siguiente acto: las nóminas de 300 o 900 euros. Son las de los profesores asociados, profesionales con otro empleo principal que imparten unas pocas horas para aportar su experiencia. Su figura es valiosa, pero no son académicos de carrera. Mezclarlos con catedráticos y titulares para fabricar una estadística de miseria es como llamarse futbolista de Primera por jugar la pachanga del domingo. Unos dan patadas a un balón con los amigos; otros son Cristiano Ronaldo. No es casual que Pablo Iglesias volviera a la Complutense en 2022 precisamente como profesor asociado. Su tono engolado sugiere una cátedra que nunca obtuvo.
¿Y qué hace el Gobierno ante este deterioro? Nada que lo ataje y mucho que lo aliente. No ha dicho una palabra sobre los piquetes que impiden estudiar ni sobre los canales institucionales convertidos en altavoces de partido. Su energía la reserva para otra cruzada: la de las universidades privadas, el chivo expiatorio perfecto. No puede explicar por qué ninguna universidad española figura entre las cien mejores del mundo, así que señala a quien compite con la pública. Es el viejo truco del prestidigitador: agitar una mano para que nadie mire la otra. Tanta prisa tenía que tramitó por la vía de urgencia el Real Decreto 905/2025, que endurecía los requisitos para crear universidades. Así se ahorró la consulta pública. El Tribunal Supremo acaba de anularlo: aquella urgencia ni era extraordinaria ni imprevisible, sino «más una voluntad política» que una causa objetiva. Cuando hasta el Supremo te explica que tus prisas eran pura ideología, la cortina de humo empieza a oler a chamusquina.
La universidad no pertenece a ningún partido. Pertenece a quienes estudian, enseñan e investigan en libertad. Convertirla en trinchera es traicionar su esencia. Y atemorizar a quien piensa distinto es la prueba de que se han quedado sin argumentos. Esto no es Universidad.
- Ricardo Díaz Martín es Catedrático de Ingeniería Química y Materiales. Vicerrector de Posgrado y Transformación Digital. Universidad CEU Fernando III